MULTIVERSO JOURNAL | ISSN: 2792-3681
Volumen 6, Número 10, Edición Enero-junio de 2026
https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2026.10.2
Cómo citar:
Ramos García Y.B., & Morales Rojas, O. (2026). Equidad de género y protección de la mujer: Un análisis en el Departamento del Atlántico, Colombia (2009-2012). Multiverso Journal, 6(10), 19-30. https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2026.10.2
Gender equity and protection of women: an analysis in the Département of Atlantico, Colombia (2009-2012)
Yazmer Beatriz Ramos García
Magister en Ciencias Políticas. Candidata a doctora en el programa en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta, Venezuela. https://orcid.org/0009-0000-8843-8282 - Email: yramos81@hotmail.com
Osiris Morales Rojas
Profesora emérita de la Universidad del Zulia. Doctora en Educación por la Universidad de Córdoba, España. https://orcid.org/0000-0002-7486-4691 - Email: osimoro@yahoo.com
Recibido el 18/11/2025 - Aceptado el 19/01/2026
Resumen
Este artículo analiza las políticas públicas de equidad de género orientadas a la protección de la mujer en el Departamento del Atlántico durante el periodo 2009-2012. La investigación se enmarca en un enfoque epistémico humanístico-interpretativo, empleando métodos etnográfico, hermenéutico y feminista. Se recabó información a partir de la experiencia de cuatro mujeres directamente vinculadas a estos procesos, mediante técnicas propias de esta perspectiva. Los resultados evidencian que en este periodo se consolidaron bases jurídicas e institucionales para el diseño e implementación de políticas de protección de la mujer, sustentadas en enfoques de género y derechos humanos, en consonancia con marcos normativos nacionales e internacionales. Destaca la promulgación de la Ordenanza 00131 de 2011, así como la creación de la Secretaría de la Mujer, Equidad y Género y la implementación del programa “Transfórmate tú mujer” en los 22 municipios. Se concluye que, estas acciones promovieron la autonomía económica, la participación política, el acceso a servicios sociales y la prevención de violencias basadas en género, contribuyendo al empoderamiento femenino en la región. No obstante, persisten limitaciones estructurales que continúan obstaculizando el pleno desarrollo de estas políticas en Colombia.
Palabras clave: políticas públicas, equidad y género, enfoque de derecho, violencia contra la mujer, Colombia.
Abstract
This article analyzes public policies on gender equity aimed at protecting women in the Department of Atlántico during the 2009–2012 period. The research is grounded in a humanistic-interpretive epistemological approach, employing ethnographic, hermeneutic, and feminist methods. Information was gathered based on the experiences of four women directly involved in these processes, using techniques specific to this perspective. The results show that during this period, legal and institutional foundations were established for the design and implementation of policies to protect women, grounded in gender and human rights approaches, in line with national and international regulatory frameworks. Notable developments include the enactment of Ordinance 00131 of 2011, as well as the creation of the Secretariat for Women, Equity, and Gender and the implementation of the “Transfórmate tú mujer” program in all 22 municipalities. It is concluded that these actions promoted economic autonomy, political participation, access to social services, and the prevention of gender-based violence, contributing to women’s empowerment in the region. However, structural limitations persist that continue to hinder the full development of these policies in Colombia.
Keywords: public policy, equity and gender, rights-based approach, violence against women, Colombia.
Introducción
Desde tiempos remotos, en las distintas etapas de la sociedad, se han configurado diversos sistemas de creencias sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, en los que han prevalecido pautas socioculturales que promueven la discriminación y la vulneración de los derechos de las mujeres, frente a los hombres. Esta situación ha contribuido a la aparición de múltiples problemáticas que afectan el desarrollo integral de niñas, adolescentes y mujeres. En respuesta, diversos colectivos de mujeres han impulsado acciones y gestiones tanto a nivel internacional como nacional, para ser reconocidas como sujetos de derechos, logrando, progresivamente, mayor participación en ámbitos tradicionalmente ocupados por hombres, como el laboral, educativo, religioso y político.
Asimismo, como resultado de estos sistemas de creencias, las mujeres han sido víctimas de distintas formas de violencia en los diversos contextos en los que se desenvuelven —física, psicológica y sexual, entre otras—, lo que las posiciona como un grupo social altamente vulnerable y, al mismo tiempo, configura esta problemática como un asunto de salud pública. Por ello, en los ámbitos internacional y nacional se han promulgado diversos instrumentos jurídicos que establecen lineamientos para el diseño de políticas públicas orientadas a su protección y al goce y disfrute de sus derechos humanos.
En Colombia, esta problemática ha estado presente a lo largo de los distintos periodos históricos, intensificada por contextos de violencia política y la acción de grupos armados, en los cuales niñas, adolescentes y mujeres han sido víctimas de múltiples formas de violencia que las exponen a diversos riesgos psicosociales. En consecuencia, el Estado colombiano ha desarrollado un conjunto de lineamientos jurídicos e institucionales para abordar esta situación en los niveles nacional, regional, departamental y distrital. De hecho, dada la relevancia de esta investigación, se consideran diversos estudios que sustentan su desarrollo teórico, entre los que destaca Rodríguez (2015), el cual aportan elementos conceptuales fundamentales para su comprensión.
En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar las políticas públicas de equidad de género orientadas a la protección de la mujer en el Departamento del Atlántico, en Colombia, durante el periodo de gobierno 2009-2012. Para ello, se exponen los fundamentos teóricos, legales y metodológicos que permiten dar respuesta a dicho propósito.
Metodológicamente, la investigación se inscribe en una perspectiva epistémica humanista-interpretativa, orientada a profundizar, en esta realidad, a partir de los métodos etnográfico, hermenéutico y feminista. Se emplearon técnicas e instrumentos propios de este enfoque, aplicados a cuatro (4) mujeres que, desde sus experiencias, se reconocen como líderes y protagonistas de estos procesos.
Fundamentación teórica y legal de la investigación
El presente estudio se sustenta en diversos fundamentos teóricos que permiten comprender las desigualdades de género, como un fenómeno histórico, social y culturalmente construido. En primer lugar, se asume la categoría de género que lo define como el conjunto de conceptos sociales asociados a las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para hombres y mujeres.
Esta construcción simbólica ha configurado, a lo largo del tiempo, modelos de organización social en los que se asignan roles diferenciados, generando patrones de desigualdad que sistemáticamente desfavorecen a uno de los grupos, usualmente a las mujeres. En consecuencia, todos los ámbitos de la vida social —familiar, educativo, político, económico, cultural y religioso— se encuentran atravesados por la concepción de género predominante en cada periodo histórico, lo que ha dado lugar, especialmente desde mediados del siglo XX, al desarrollo de enfoques y teorías que buscan explicar, críticamente, esta realidad histórica.
En este marco, el enfoque de género se entiende, siguiendo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008), como una forma de observar la realidad que permite identificar los distintos papeles y tareas que desempeñan hombres y mujeres, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se derivan de dicha distribución. Mas allá de sus posibles limitaciones, dicho enfoque posibilita reconocer las causas estructurales de las brechas de género y formular mecanismos para superarlas, ampliando la comprensión de aspectos de la realidad previamente invisibilizados y siendo aplicable a todos los ámbitos de la vida: laboral, educativo, personal y comunitario.
De manera complementaria, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (s.f.) enfatiza que el enfoque de género subraya la necesidad de considerar las oportunidades diferenciadas, las interrelaciones y los roles socialmente asignados a hombres y mujeres, en función del sexo o de la percepción social que se construye en torno a él, lo que exige incorporar esta perspectiva en el diseño e implementación de políticas y planes de organismos nacionales e internacionales.
De este modo, el enfoque de género se convierte en una herramienta analítica y política para comprender las problemáticas que afectan a las mujeres, cuestionar el modelo patriarcal que ha sustentado patrones de diferenciación, desigualdad y discriminación, y avanzar en el reconocimiento de sus derechos fundamentales a una vida digna, al desarrollo integral y a la participación plena en la vida social y política
Políticas Públicas desde el Enfoque de Género
Según Lahera (2002), las políticas públicas constituyen: “Cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, con la participación de la comunidad y el sector privado” (p. 16). Estas se configuran como las directrices y acciones que asumen los gobiernos para generar respuestas a las problemáticas que afectan a la población, articulándose con el ordenamiento jurídico y los planes de gobierno de cada país.
En este marco, como resultado de las luchas emprendidas a nivel mundial por las mujeres y diversas organizaciones internacionales, los Estados han asumido el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a la protección de la mujer, en todas las etapas de su vida, así como a su inclusión y participación en los distintos ámbitos de la sociedad. Ello busca consolidar un sistema social que garantice la igualdad y la equidad de género, tanto en el plano público como en el privado.
Bustelo (2004) señala que, desde el enfoque de género, las políticas públicas constituyen: “El conjunto de intenciones y decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la situación de la mujer y de la igualdad de género entre mujeres y hombres” (p. 20). En coherencia con esta perspectiva, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing (Organización de las Naciones Unidas – Mujeres, 2015), los Estados parte y las organizaciones adscritas a Naciones Unidas se comprometieron a promover y garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género como eje transversal del desarrollo humano. Para ello, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2008) ha impulsado dos estrategias complementarias: la transversalización de género y el empoderamiento de las mujeres.
Al respecto, Organización de las Naciones Unidas (2017), a través del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), plantea la transversalización de género en las políticas públicas como un:
Proceso de valoración de las implicaciones para hombres y mujeres en cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, políticas y programas, en todas las áreas y niveles. Es una estrategia para hacer de las preocupaciones y experiencias, tanto de mujeres como de varones, una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas, política, económica y social, de modo que ambos géneros se beneficien igualitariamente. El objetivo último es alcanzar la equidad de género (p. 4).
De lo antes expuesto, se plantea la redefinición de las políticas públicas que involucren todos los ámbitos de la sociedad, resaltando entre estos lo referido a la familia, educación, economía, política, salud, empleo, cultura, hábitat y ambiente, entre otros, a fin de promover programas y proyectos que impulsen la inclusión, protección y participación de la mujer en la formulación e implementación de estas.
Políticas Públicas para la protección de la mujer en Colombia
Dado el reconocimiento que diversos Estados han hecho de los derechos de las mujeres y de la necesidad de garantizar su inclusión e igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, Colombia, como Estado miembro de las Naciones Unidas, ha promovido el diseño de políticas públicas de equidad de género en todo su territorio. Estas políticas buscan transformar las prácticas sociales que históricamente han excluido y subvalorado a las mujeres, y se orientan a desmontar patrones discriminatorios arraigados en la vida cotidiana, las instituciones y la cultura.
Para ello, el Estado colombiano se ha adherido y ha participado activamente en distintos instrumentos internacionales, que han guiado la construcción del sistema jurídico y de las políticas públicas nacionales de equidad de género, impulsadas, entre otras instancias, por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. El propósito central de estas políticas es reconocer el aporte de las mujeres en la producción y reproducción de la sociedad, visibilizándolas como sujetos sociales de derecho que contribuyen al desarrollo del país en todas las esferas de la realidad.
No obstante, se reconoce que persisten múltiples formas de discriminación que afectan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y limitan la ampliación de sus capacidades, lo que plantea el desafío de fortalecer y profundizar las políticas de equidad de género para hacer efectivas las garantías formales ya reconocidas.
Políticas Pública para Mujeres en el Departamento Atlántico
En el periodo de gobierno 2008-2012 se promulga la Ordenanza 00131 de 2011, mediante la cual se establece la política pública para los derechos de las mujeres del Atlántico. A partir de este instrumento se crea la Secretaría de la Mujer del Departamento del Atlántico (2015), que define las políticas públicas como acciones que tienen como objetivo:
…orientar al gobierno departamental y a los gobiernos municipales, sobre las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las mujeres atlanticenses, con el fin de que sean incluidos en el Plan de desarrollo, los planes de acción de las diferentes dependencias y el presupuesto del departamento, Así mismo, las organizaciones sociales de mujeres lo utilicen como referente para incidir ante el Estado en la consecución de equidad de Género en el marco de la garantía de sus plenos derechos humanos sin exclusión. (pp. 82-84)
A partir de este instrumento jurídico, el gobierno del Departamento del Atlántico se adhiere a las normativas internacionales y nacionales, generando un marco para el diseño e implementación de políticas públicas para las mujeres, orientadas desde los enfoques de derechos, género y diferencial, que promueven la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Desde este precepto departamental se diseñó e implementó un conjunto de acciones que fueron objeto de análisis en la presente investigación, lo que permitió generar aportes y retroalimentar la gestión que actualmente desarrolla la Secretaría de la Mujer del Departamento del Atlántico en esta área de intervención.
Fundamentación Legal
Las políticas públicas de equidad y género de protección en el Departamento del Atlántico, durante el periodo de gobierno 2008-2012, se apoyan en un entramado normativo que articula disposiciones internacionales, nacionales y departamentales, orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y a transformar las estructuras que reproducen la desigualdad de género.
En el plano internacional, instrumentos como la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948), la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1952), los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1966a) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Asamblea General de las Naciones Unidas. (1966b), así como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1993; Organización de los Estados Americanos, 1994), fijan obligaciones para los Estados en materia de prevención, sanción y erradicación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, y de garantía de su participación plena en la vida política, económica y social.
En el ámbito interno, Colombia desarrolla estos compromisos a través de la Constitución Política de 1991 y un conjunto de leyes y decretos —entre ellas la Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios— que definen la violencia contra la mujer, establecen medidas de prevención, protección, sanción y reparación, y reconocen la igualdad y la no discriminación como principios rectores de la acción estatal. A nivel departamental, la Ordenanza 00131 de 2011 concreta este marco al crear la “Política Pública de Equidad de Género y Derechos para las Mujeres del Atlántico”, alineando los lineamientos locales con las normas nacionales e internacionales y proporcionando un soporte jurídico específico para el diseño e implementación de acciones de protección, empoderamiento y participación de las mujeres atlanticenses.
Metodología
El presente estudio se orientó desde una perspectiva epistémica interpretativa–humanística o cualitativa, a partir de la cual se desplegó un conjunto de acciones para la recolección de la información, su análisis y la construcción teórica, con el propósito de responder al objetivo planteado. De acuerdo con Hurtado y Toro (2005, como se cita en Morales, 2015), esta perspectiva se caracteriza por concebir los fenómenos investigados como una unidad conformada por diversas dimensiones propias de la realidad social, por lo que su estudio se realizó desde un enfoque integrador, sistémico, flexible y humanista, que permitió profundizar en dicha realidad considerando los saberes, sentimientos y opiniones de los sujetos involucrados.
En este sentido, para analizar las políticas públicas de equidad y género sobre protección aplicadas en el Departamento del Atlántico, durante el período 2008-2012, fue necesario establecer un diálogo intersubjetivo entre las investigadoras y las personas vinculadas de forma directa, a estos procesos. Este intercambio dialógico permitió obtener información de manera directa a partir de las voces que participaron en la formulación e implementación de la agenda pública en dichos ciclos de gobierno. Para ello, se emplearon estrategias, procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos propios de esta perspectiva, a partir de los cuales se configuró el diseño metodológico que orientó el desarrollo de la investigación.
Selección del método
De acuerdo con Martínez (2009), citado por Morales (2015), para esta investigación se seleccionó el método etnográfico, dado que las investigadoras han desarrollado su vida académica, profesional y política inmersa en las luchas reivindicativas de la población femenina, desde la perspectiva de género, lo que le permitió una visión y comprensión profunda de la realidad estudiada en sus múltiples dimensiones, al ser ambas, además, un referente en el Departamento del Atlántico en estos procesos. Este enfoque etnográfico resulta pertinente para captar el contexto, los significados y las dinámicas propias de las políticas públicas de equidad y género, tal como se viven y significan por sus protagonistas.
De igual forma, siguiendo los planteamientos de Martínez (2009, citado por Morales, 2015), se empleó de manera complementaria el método hermenéutico, con el fin de interpretar y construir nuevo conocimiento a partir de un diálogo intersubjetivo en el que se respetó y valoró el saber de los sujetos involucrados en esta realidad. Las personas participantes expresaron confianza y motivación al reconocer el papel que las investigadoras han desempeñado en los procesos adelantados en el Departamento para garantizar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres, de modo que la hermenéutica se asumió no solo como técnica, sino como dimensión inherente al proceso de comprensión de la realidad estudiada.
Finalmente, dada la naturaleza de la investigación y, de acuerdo con Rusque (2009), se consideró fundamental apoyarse en el método feminista, cuyo propósito central es comprender las experiencias y formas de percibir el mundo, desde la perspectiva de las mujeres. En coherencia con ello, tanto las investigadoras, como las informantes clave son mujeres que participaron activamente en el diseño e implementación de políticas públicas para las mujeres en los periodos de gobierno analizados, de manera que el conocimiento generado en este estudio recoge y resignifica sus vivencias, experiencias y saberes, otorgando a las mujeres el lugar de sujetos activos y protagónicos del proceso investigativo.
Selección de la unidad de trabajo e informantes claves
De acuerdo a Rusque (2009), se considera que la “unidad de trabajo” representa un grupo social, vinculado entre sí por relaciones socio-culturales, afectivas, territoriales, reguladas por las costumbres, ciertos derechos u obligaciones en común; lo anterior, permite notar que en las investigaciones cualitativas el investigador debe ser meticuloso al seleccionar el fenómeno o población de estudio; cuidando que esta sea relevante, y que aporte información que puede ser corroborada y complementaria entre sí. Por consiguiente, para lograr desarrollar la presente investigación se seleccionaron las políticas públicas implementadas por la Secretaría Mujer de la Gobernación del Atlántico como ámbito de la investigación.
Asimismo, de acuerdo con Rusque (2009), se destaca en cuanto a los sujetos a entrevistar que estos constituyen las personas vinculadas directamente con la realidad estudiada, los cuales tienen el conocimiento producto de sus vivencias y experiencias. En este orden de ideas, para garantizar la rigurosidad científica en la recolección de la información, los sujetos entrevistados deben participar a través de una comunicación abierta, exponiendo en profundidad sobre el conocimiento, experiencias y opiniones que tengan de la realidad; en el caso de esta investigación, se escogió como informantes claves a:
Cuadro 1.
Informantes Claves.
Selección de técnicas e instrumentos de investigación
Para la recolección de la información se emplearon técnicas e instrumentos coherentes con la perspectiva cualitativa seleccionada, entre las que destacaron la entrevista a profundidad, la observación participante y la revisión documental, orientadas a captar los significados, experiencias y contextos asociados a las políticas públicas de equidad y género. La entrevista a profundidad permitió acceder a las percepciones, interpretaciones y vivencias de las informantes en torno a los procesos de diseño e implementación de dichas políticas, mientras que la observación participante facilitó la comprensión de las dinámicas y prácticas que se desarrollan en los espacios institucionales y sociales vinculados a la agenda de género.
La revisión documental, por su parte, hizo posible el análisis de normativas, planes, informes y otros registros oficiales relacionados con la política pública de protección de las mujeres en el Departamento del Atlántico, contribuyendo a contextualizar y contrastar los relatos de las participantes con el marco jurídico e institucional vigente. Como soporte de estas técnicas se utilizaron instrumentos propios de este enfoque, tales como la guía o pauta de entrevista y dispositivos mecánicos de registro de audio (grabadora), que aseguraron la fidelidad en la recolección de la información y facilitaron su posterior sistematización y análisis.
Proceso de validez y confiabilidad de las técnicas e instrumentos
Se desarrolló un proceso de triangulación en dos momentos: a) triangulación de expertos, mediante la participación de especialistas en el análisis de las entrevistas, y b) triangulación teórica, mediante la contrastación de los resultados con las fuentes teóricas que sustentan la investigación, con el fin de fortalecer la validez y la profundidad interpretativa de los hallazgos.
El análisis e interpretación de los resultados se llevó a cabo en dos niveles. En un primer nivel, se realizó un análisis textual de la información, centrado en la categorización y estructuración de las narrativas. En esta fase se desplegó un proceso dialógico entre la investigadora y las informantes clave, del que emergieron dinámicas de subjetividad e intersubjetividad orientadas a la generación de nuevos conocimientos.
Este procedimiento implicó, según Morales (2015), la “deconstrucción” de la realidad investigada mediante la segmentación de las narrativas en categorías y subcategorías de análisis, para posteriormente “reconstruirla” de manera organizada a través de la agrupación y estructuración de dichas unidades de sentido, en función de dar respuesta al objetivo del estudio (ver Figura 1).
El segundo nivel, referido a la teorización o construcción de un nuevo conocimiento, se derivó de un proceso de contrastación teórica, análisis e interpretación entre las narrativas previamente organizadas en categorías y subcategorías y los aportes de investigaciones, teorías y fundamentos legales que sustentan la realidad estudiada. De acuerdo con Morales (2015), este nivel implica integrar los resultados empíricos en un entramado conceptual coherente y lógico que dialogue críticamente con el marco teórico de referencia, de modo que sea posible explicar el fenómeno analizado más allá de la mera descripción.
En esta investigación, dicho proceso permitió articular las experiencias y significados expresados por las participantes con los enfoques de género, derechos humanos y políticas públicas, generando interpretaciones que dan cuenta de las tensiones, avances y limitaciones de las políticas de equidad y protección de las mujeres en el Departamento del Atlántico. Como resultado, emergió un conocimiento nuevo, contextualizado y propio, que contribuye a explicar la dinámica de las políticas públicas de género en el periodo estudiado y aporta insumos para su revisión y fortalecimiento
Análisis y discusión de los hallazgos
En líneas generales, la síntesis del análisis y discusión de los resultados se estructura en torno a dos niveles complementarios. En un primer nivel, de análisis textual de las narrativas, se llevó a cabo mediante un proceso sistemático de categorización y estructuración de la información. Siguiendo a Martínez (2009), como se cita en Morales (2015), el diálogo entre investigadoras e informantes permitió identificar significados organizados en mega-categorías, categorías y subcategorías, que sirvieron de base para la posterior construcción de un conocimiento propio sobre la realidad estudiada.
En el segundo nivel, de teorización o construcción del conocimiento, se buscó responder al objetivo de “analizar las políticas públicas de equidad y género sobre protección aplicadas en el Departamento del Atlántico en el período de gobierno de 2008-2012”. A partir de la contrastación entre las narrativas categorizadas y los aportes de investigaciones, teorías y marcos legales, se integraron los resultados empíricos en un entramado conceptual coherente, que permitió explicar el fenómeno más allá de la sola descripción, en la línea de lo planteado por Morales (2015).
Un primer mega-categoría se centró en las políticas públicas y la normatividad vigente sobre protección de la mujer en el Atlántico. Aquí se evidenció que las personas entrevistadas conocen la existencia de un soporte jurídico, especialmente la Ordenanza 00131 de 2011, y conceptualizan las políticas públicas de equidad de género como un conjunto de acciones destinadas a garantizar los derechos de las mujeres, su vida libre de violencias, el acceso a la seguridad social, la educación, la vivienda, así como la igualdad de género, el empoderamiento económico y el emprendimiento, en coherencia con las concepciones de Lahera (2002) y Bustelo (2004).
Dentro de este mismo mega-categoría, la subcategoría sobre los fundamentos de las políticas públicas de equidad de género mostró que las entrevistadas reconocen el anclaje de la política departamental en los compromisos internacionales y nacionales asumidos por el Estado colombiano, así como en las normas departamentales que la concretan, destacando la Ordenanza 00131 de 2011. Al describir las transiciones entre las administraciones de Eduardo Verano de la Rosa y José Antonio Segebre, señalaron avances en términos de empoderamiento y participación de las mujeres en la agenda pública del Departamento, aunque también identificaron tensiones y discontinuidades en la implementación.
Otra categoría relevante fue la relativa a los lineamientos de las políticas públicas de equidad de género. Las entrevistas mostraron que la política departamental se alinea con las normativas internacionales y nacionales y orienta su acción hacia ámbitos como salud, educación, cultura, política y ambiente. Uno de los logros más destacados es el tránsito de una “Oficina de la Mujer” a una “Secretaría de la Mujer”, lo que amplió las capacidades de gestión y el alcance institucional. Las entrevistadas identificaron cuatro derechos estratégicos que orientan la acción pública: autonomía económica en condiciones dignas, participación ciudadana y política, seguridad social en salud, educación y vivienda, y el derecho a vivir libre de violencias basadas en género.
Por su parte, el mega-categoría sobre la caracterización del cumplimiento de los propósitos de la Política Pública de Equidad de Género permitió analizar el diseño, la implementación y la evaluación de dicha política. Las entrevistadas coincidieron en que las políticas se originaron en procesos de investigación y en la consolidación de un marco jurídico nacional y departamental, que favoreció un enfoque intersectorial y de género para la protección integral de las mujeres. En consonancia con Salcedo Díaz, & De los Ríos Castiblanco (2016), se reconoció que la política se gestó durante la administración de Eduardo Verano de la Rosa (2008-2011), en el marco del Plan de Desarrollo “Por el Bien del Atlántico. Unidos, Todo se Puede Lograr 2008-2011”, donde la equidad de género se concretó en programas de prevención, control, empoderamiento y posicionamiento de la mujer.
En cuanto a la implementación, las narrativas destacaron que las políticas se operacionalizaron a través de líneas de acción en los 22 municipios del Departamento, orientadas al empleo y la calidad de vida de las mujeres, la autonomía económica, el derecho a vivir sin violencia, la salud integral, la educación, la participación y la organización de las mujeres en distintos ámbitos, especialmente en la esfera de la política pública departamental. Sin embargo, las entrevistadas coincidieron, en general, en que el impacto ha sido “insuficiente”, pues persisten factores que vulneran a la población femenina y limitan el alcance transformador de las políticas.
El mega-categoría sobre el impacto de las políticas públicas de equidad y género se centró en los efectos de estas intervenciones en niñas, adolescentes y mujeres del Atlántico entre 2009 y 2012. Retomando a Ander-Egg (2017), el impacto se entiende como el conjunto de cambios, logros y limitaciones derivados de la acción pública. Las entrevistadas reconocieron avances importantes, como la creación de la Secretaría de la Mujer, el apoyo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos, así como el impulso de procesos educativos y acciones para prevenir la violencia, en línea con lo establecido en la Ley 1257 de 2008.
En la misma línea, y tal como señalan Salcedo Díaz, & De los Ríos Castiblanco (2016), se identificaron cinco avances principales: la visibilización de la violencia contra las mujeres como problema actual a atender; el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho y actores clave en la transformación social; el avance hacia una mayor autonomía económica; el incremento de la participación femenina en espacios de decisión social y política; y el posicionamiento de los asuntos de género en la agenda pública.
No obstante, las entrevistadas también señalaron limitaciones significativas: la percepción de un enfoque “muy feminista” que, según algunos actores, dificulta la apropiación amplia de la política; la persistencia del paradigma patriarcal en las pautas socioculturales de los municipios; restricciones presupuestarias que afectan la sostenibilidad de las acciones; y la falta de una transversalización efectiva del enfoque de género en sectores como educación, salud, vivienda, economía, recreación y cultura.
Finalmente, la evaluación de las políticas y el mega-categoría sobre el fortalecimiento de las políticas públicas de equidad de género apuntan a la necesidad de consolidar mecanismos de seguimiento, control y ajuste permanente. Las entrevistadas resaltaron el papel estratégico de la “red de mujeres” como veedora de la implementación, la importancia de realizar evaluaciones de impacto que permitan reorientar acciones según las dinámicas sociales de los territorios, y la urgencia de fortalecer la formación de las mujeres en derechos humanos con enfoque diferencial, así como su acceso a la educación superior.
En términos prospectivos, plantearon, en general, que el fortalecimiento de las políticas pasa por intensificar las estrategias educativas, la formación en políticas públicas de equidad de género, la capacitación para el empoderamiento social y político, y el impulso de la autonomía económica y el emprendimiento, bajo el liderazgo de la Secretaría de la Mujer del Departamento del Atlántico.
Conclusión
Como reflexión derivada del presente estudio, se puede concluir que las políticas públicas de equidad de género en el Departamento del Atlántico (2009-2012), constituyeron un gran avance para la protección y restablecimiento de los derechos de la población femenina de este territorio, fundamentadas en bases teóricas, metodológicas y legales tanto internacionales, nacionales y departamentales, destacando la Ordenanza 00131 de 2011 y Programas como “Transfórmate Tú Mujer”.
En este sentido, se evidenció que durante su desarrollo se han alcanzado logros y avances; sin embargo, aún se presentan debilidades en su implementación, producto de deficiencias en los recursos asignados y de pautas socioculturales enmarcadas en el paradigma patriarcal (vigente y hegemónico) que se mantiene en los municipios, invisibilizando problemáticas como la violencia y discriminación hacia las niñas, adolescentes y mujeres, vulnerando sus derechos, así como su desarrollo integral. Aunado a ello, se identificaron otras limitaciones, como la falta de continuidad en las políticas y dificultades en la evaluación de su impacto.
Es por ello, por lo que, desde estas políticas públicas, se plantean desafíos y propuestas para su implementación; destacando acciones para promover la equidad de género, la autonomía económica de las mujeres a través de la Secretaría de la Mujer. Entre los avances obtenidos en su implantación, se destaca la sensibilización sobre derechos, empoderamiento, capacitación y proyectos liderados por mujeres y ONG. Al mismo tiempo, se subrayó la necesidad de fortalecer la formación en derechos humanos, la autonomía económica y la inclusión de las mujeres en espacios políticos y laborales. También se resaltó la importancia de las rutas de atención a víctimas de violencia con enfoque interdisciplinario
Finalmente, se destaca la importancia de promover campañas educativas y de sensibilización para impactar tanto a hombres como a mujeres; así como, se resalta la necesidad de garantizar la sostenibilidad y efectividad de las acciones, alineándolas con instrumentos como el CONPES 161 de 2013, para lograr cambios duraderos en la equidad de género en la sociedad del Atlántico.
Declaración de Conflictos de Interés:
No declaran conflictos de interés.
Financiamiento:
Ninguno.
Declaración de contribución de los autores (CRediT):
Yazmer Beatriz Ramos García: Conceptualización (principal), Metodología (principal), Investigación (igual), Curación de datos (igual), Análisis formal (principal), Redacción - borrador original (principal), Redacción - revisión y edición (igual), Visualización (principal), Administración del proyecto (principal).
Osiris Morales Rojas: Conceptualización (apoyo), Metodología (apoyo), Investigación (igual), Curación de datos (igual), Análisis formal (apoyo), Validación (principal), Redacción - borrador original (apoyo), Redacción - revisión y edición (igual), Supervisión (principal), Recursos (principal).
Referencias Bibliográficas
Ander-Egg, E. (2017). Diccionario de trabajo social digital. Argentina: Editorial Brujas.
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Naciones Unidas. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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