Contexto histórico-político que sirve de escenario al
conflicto interno en el proceso de la búsqueda por alcanzar
la paz en Colombia
Historical-political context that serves as the setting for internal conflict in the process of
seeking to achieve peace in Colombia
Fernando Fernández Celedón
Resumen
La dinámica de conflictividad política y social en Colombia tiene antecedentes remotos que
pudieran remontarse incluso al proceso de formación del estado republicano en la primera
mitad del siglo XIX. En cualquier caso, se trata de un conflicto estructural que de una u otra
forma envuelve históricamente a la sociedad colombiana en su conjunto y que posee causas
múltiples en el orden de lo económico, político, social y cultural. Ya en el siglo XX, el conflicto
colombiano que se expresa en una guerra fratricida se recrudece exponencialmente a raíz de
acontecimientos como al asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá en 1948.
Desde una metodología de base documental, el objetivo de la investigación fue describir el
contexto histórico-político que sirve de escenario al conflicto y la búsqueda por alcanzar la paz
en Colombia, después de la transición democrática de 1991. En este esfuerzo especial énfasis
adquiere el análisis del alcance y significación de los llamados acuerdos de la Habana del
2016. Todo permite concluir que la mejorar forma para gestionar el conflicto consiste en
incrementar cualitativamente los espacios de participación democrática que permitan a la
sociedad desarrollar una vida libre de violencia.
Palabras clave: conflicto interno en Colombia; Acuerdos de la Habana de 2016; búsqueda por
alcanzar la paz; escenarios de conflicto.
Abstract
The dynamics of political and social conflict in Colombia have remote backgrounds that could go
back even to the process of formation of the republican state in the first half of the nineteenth
century. In any case, it is a structural conflict that in one way or another historically envelops
Colombian society as a whole and which has multiple causes in the order of economic, political,
social, and cultural. As early as the twentieth century, the Colombian conflict expressed in a
fratricidal war escalated exponentially following events such as the assassination of liberal
leader Jorge Eliecer Gaitán in Bogota in 1948. From a documentary-based methodology, the
objective of the research was to describe the historical-political context that serves as the
setting for conflict and the quest to achieve peace in Colombia, after the democratic transition of
1991. In this special effort emphasis acquires the analysis of the scope and significance of the
so-called Havana agreements of 2016. It all concludes that improving the way to manage
Abogado, Fiscal delegado por ante los Jueces penales de Valledupar. Docente en la Universidad Popular del
Cesar, en Valledupar-Colombia. Candidato a Doctor en el programa de Ciencia Política de la Universidad del Zulia.
Email: fernandote99@hotmail.com
Contexto histórico-político que sirve de escenario al conflicto interno en el proceso de la búsqueda por alcanzar la paz en
Colombia. Vol. 1 Num. 1 (2021) Páginas 30-43.
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conflict is to qualitatively increase the spaces of democratic participation that enable society to
develop a life free of violence.
Keywords: internal conflict in Colombia; 2016 Havana Agreements; quest for peace; conflict
scenarios.
Introducción
La dinámica de conflictividad política y social en Colombia tiene antecedentes remotos, que
pudieran remontarse incluso al proceso de formación del estado republicano en la primera
mitad del siglo XIX. En cualquier caso, tal como señala Calvano (2018), se trata de un conflicto
estructural que de una u otra forma envuelve históricamente a la sociedad colombiana en su
conjunto y que posee causas múltiples en el orden de lo económico, político, social y cultural.
Ya en el siglo XX, el conflicto colombiano que se expresa en una guerra fratricida se recrudece
exponencialmente a raíz de acontecimientos como al asesinato del líder liberal Jorge Eliecer
Gaitán en Bogotá en 1948, trágico evento que ponía en evidencia que la oligarquía colombiana
no estaba dispuesta a aceptar reformas o cambios estructurales al sistema político que vinieran
a socavar su condición hegemónica.
Al decir de Castaño (2018), se han planteado en los círculos académicos y políticos dos
grandes hipótesis a la hora de explicar las causas primarias de este conflicto: por un lado, se
argumenta que el problema es el resultado inequívoco de un modelo de sociedad injusta y
desigual que limita los logros de la modernidad aun grupo de elites políticas y económicas y
sociales, relegando a las mayorías nacionales al imperio de una vida de pobreza y calamidad
ante lo cual solo queda la alternativa de la insurgencia armada. En esta narrativa, las guerrillas
de extrema izquierda como las FARC-EP, El ELN o el M-19 entre otras, son al menos en sus
orígenes, la expresión de los anhelos de justicia y equidad que identifican el sufrimiento de un
pueblo cautivo y oprimido. No obstante, esta hipótesis no logra explicar a cabalidad por que
otras sociedades latinoamericanas en condiciones similares o, hasta peores, de pobreza y
marginación social no han experimentado una conflagración bélica como la colombiana.
Por la otra, se plantea que la guerra civil neogranadina es el resultado de la organización y
acción de un conjunto de grupos delincuencias de carácter narcoterrorista, que justifican sus
acciones con un relato socialista marxista, cuando su verdadero interés es el lucro mediante
una guerra prolongada que les ha permitido controlar directa e indirectamente poblaciones,
recursos y territorios. Esta segunda hipótesis es la que identifica al uribismo desde el
advenimiento de la política de seguridad democrática y los sectores neoconservadores del país
(Sierra, 2015). De cualquier modo, ambas hipótesis están cargadas de una profunda carga
emotiva e ideológica lo que entorpece su potencial heurístico y hermenéutico y no admiten
críticas ni matices por lo que dan cuenta de una profunda polarización social (Berrocal, Villasmil
y Villa, 2019).
Tal como se planteó en el proyecto, conviene enfatizar en el hecho de que los procesos de
paz son construcciones teóricas, jurídicas, sociales, políticas y, fundamentalmente, humanas,
que han ganado terreno a lo largo de la historia de la humanidad, generando puntos de
negociación y cierre a conflictos que se desarrollan entre naciones, organizaciones políticas,
movimientos sociales, sectores productivos y la sociedad en general. De modo que estos
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procesos no pueden ser reducidos a su dimensión jurídica únicamente y deben manejarse en
todo momento como un marco en el que se interrelacionan de forma muy compleja actores y
factores en diferenciados. Es precisamente en este afán donde se plantea el objetivo capitular
de describir el contexto histórico-político que sirve de escenario al conflicto y la búsqueda por
alcanzar la paz en Colombia, después de la transición democrática de 1991.
Efectivamente, de la lectura entre líneas de este objetivo se puede inferir que se postula que
la constitución política de 1991 aún vigente significó el advenimiento de una nueva etapa en la
vida nacional que creo algunas condiciones de posibilidad, al mismo tiempo objetivas y
subjetivas, para gestionar la conflictividad política desbordada mediante la profundización de
los procesos democráticos de participación política. No obstante, hoy queda claro que esa ola
democratizadora de la última década del siglo XX, que refresco a la democracia procedimental
al calor de los parámetros de un estado social de derecho y de justicia, no fue suficiente para
superar definitivamente el conflicto y erigir, en consecuencia, un nuevo modelo de sociedad.
En este sentido, tal como planeta Ramírez (2015) es ingenuo suponer que el solo evento de
promulgar una nueva constitución tiene el “poder mágico” para edificar rápidamente una nueva
realidad jurídica, social e institucional sobre la base de un conjunto irresoluto de conflictos
materiales y morales que se retroalimentan y reproducen entre sí. La fe desmesurada en el
texto constitucional es definida en consecuencia por Ramírez (2015) como fetichismo
constitucional y legalismo exacerbado. A lo sumo, una nueva constitución como lo fue en su
momento la de 1991 representa una oportunidad para construir paulatinamente un nuevo
contrato social en un mundo en el cual la paz no se decreta, sino que se construye día a día en
los mundos de vida de las personas concretas y sus relaciones intersubjetivas que para bien o
para mal modelan la realidad social.
En síntesis, el presente capítulo se divide en 5 secciones que pretender responder al
objetivo específico planteado bajo el entendido de que este constituye una unidad de análisis
por derecho propio, dentro del conjunto general de la tesis. La primera sección Alcance y
significación de la constitución política de 1991 se describe el potencial democrático de esta
carta magna de cara a los procesos de transformación política que han asignado a Colombia
en las últimas décadas. En la segunda, Breve reseña de la guerra en Colombia en el siglo XX
se da cuenta del proceso de desarrollo de la crisis política y social que configura una
conflagración bélica en Colombia entre distintos actores que se disputan el control de regiones,
espacios de poder y circuitos económicos en el marco de una guerra civil prolongada. En la
tercera, Balance analítico de los acuerdos de paz se revisa desde la perspectiva politológica los
distintos acuerdos de paz con el ánimo de entender por qué fracasaron en su momento. Por
último, en las conclusiones capitulares se intenta explicar cómo los déficits de democracia en el
país han influido en la agudización del conflicto mediante la formulación de una hipótesis que
vincula transición democrática y conflictividad política como categorías de análisis.
1. Alcance y significación de la constitución política de 1991
En los sistemas políticos modernos las cartas magnas o, más precisamente, constituciones
políticas adquieren un rol importante para cimentar las bases axiológicas, jurídicas e
institucionales del modelo de sociedad que se aspira desarrollar. Desde la perspectiva teórica
del neo-institucionalismo son las instituciones políticas y jurídicas, tangibles e intangibles, las
que modelan el comportamiento de una sociedad determinada dotando en cada momento de
contenido los valores y principios que regulan las relaciones intersubjetivas de las personas,
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entre ellas, y entre ellas y las instituciones públicas que gestiona sus conflictos. De modo que,
visto así, no se podría tener una sociedad democrática sin previamente contar con las
instituciones democráticas que le sirven de pedestal a la cultura política (Kalmanovitz, 2003;
Losada y Casas, 2008).
No obstante, una constitución por si sola no es capaz de garantizar el desarrollo pleno de un
sistema democrático y, mucho menos, las condiciones mínimas necesarias para apalancar un
modelo de sociedad justo y esquivito para la mayoría de las personas, tal como lo demuestra
el hecho de que el constitucionalismo latinoamericano desde sus orígenes republicanos ha
estado a tono con la tendencias vanguardistas del programa filosófico de la modernidad
iluministas (Calvano, 2018) y, sin embargo, la región se caracteriza en mayor o menor medida
–dependiendo el país que se analice– por altos índices de pobreza, exclusión y precariedad.
Muy seguramente se puede argumentar que sin constituciones democráticas nuestras
sociedades ubicadas en el sur global estarían aun peor, pero este es ya un tema propio de la
filosófica política.
En el caso colombiano la constitución política de 1886 de franco talante conservador tuvo
una vigencia de más de 100 años, por lo que más allá de sus enmiendas y reformas sucesivas
perdido su capacidad para responder a los grandes desafíos contemporáneos de Colombia. En
palabras de Hernández (2016):
La Constitución de 1991 nació no solamente por la necesidad de reestructurar el Estado y el
sistema jurídico colombiano tras 104 años de vigencia de la Constitución de 1886, o como
instrumento de reivindicación de libertades, garantías y derechos hasta entonces limitados, sino
como respuesta institucional a las varias formas de violencia que asolaban al país (2016: s/p.)
En consecuencia, los aportes de la constitución del 1991 a la sociedad fueron
simultáneamente materiales y simbólicos, políticos y jurídicos. En el primer caso, con la nueva
constitución la sociedad colombiana signada por vivenciar un profundo proceso de descontento
endémico por ante las instituciones, partidos políticos y liderazgos tradicionales dada su
objetiva incapacidad para frenar la violencia de los fatídicos años 80, ayuda recobrar la
esperanza en un texto constitucional en el cual se ven representados la mayoría de los
sectores políticos, económicos y socioculturales que identifica a la amplia geografía nacional,
en un marco de democracia participativa y que, por su doctrina de avanzada, puede servir de
base a la construcción concertada de un nuevo contrato social. Es precisamente en este
contexto que en su preámbulo se estable que:
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea
Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad
de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo… (Asamblea nacional
Constituyente, 1991).
En cuanto a sus aportes jurídicos son muchos y particulares, pero en líneas generales,
conviene recordar su apuesta por configurar un Estado social de derecho, entendido al menos
en principio como una etapa superior del estado de bienestar, la promulgación de la libertad de
culto, y la democracia participativa no solo como una forma de estado y de gobierno, sino como
un estilo de vida que empodera a la ciudadanía en el arduo proceso de construcción de su
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propia realidad. No obstante, a estos aportes para vitalizar a la democracia procedimental les
hizo falta fortalecer la democracia sustantiva o de resultados ganada a minimizar las asimetrías
socioeconómicas que bloquen el goce y disfrute de los derechos humanos en buena parte de la
población, aun hoy.
2. Breve reseña de la guerra en Colombia en el siglo XX
La historiografía es al mismo tiempo conocimiento y realidad histórica, pero no un
conocimiento neutral sino condicionado por el prisma del modelo interpretativo con que se mire
el pasado-presente y, especialmente, del sesgo particular del autor de la obra seleccionada, de
modo que teóricamente hablando desde la perspectiva de Villasmil (2017) es natural que se
hayan esbozado varias líneas hermenéuticas para comprender este fenómeno de la violencia
estructural como constante histórica en Colombia: primero, prevalecen las lecturas que
suponen el conflicto es motorizado por el acceso desigual a los bienes y servicios de la
comunidad-Estado-nación; segundo, se parte de la hipótesis que cree que el conflicto se
produce por la cooptación del Estado y su entramado institucional por parte de los partidos
políticos hegemónicos en detrimento del resto de los actores políticos; tercero, se enfatiza que
el conflicto emerge por el choque antagónico de diferencias ideológicas entre grupos de poder
en lo forma o fáctico; cuarto, el conflicto surge más bien por el dominio de espacios locales y
regionales entre diversos actores de poder y; quinto, el conflicto tiene su causa primeria entre
el choque dialéctico que se da en los liderazgos y proyectos políticos antagónicos.
Sin duda estas líneas son complementarias y pueden conjugarse al momento de tratar de
entender científicamente las causas, características y consecuencias históricas de la guerra
civil en Colombia. Al decir de Martín (2010), el conflicto interno ha mutado a través del tiempo
desde la pugna decimonónica entre el partido liberal y conservador por imponer su visión de
país. Los primeros, enmarcada en el pensamiento laico y federativo y, los segundos,
identificados con una concepción centralista del poder político que privilegiaba en cada
momento los intereses de los terratenientes, militares y sectores oligárquicos en general bajo el
manto del catolicismo, que abogaba por el mantenimiento del orden establecido como supuesta
garantía de paz y estabilidad institucional.
Facilitando las cosas, en la primera mitad del siglo XX el liderazgo carismático de Jorge
Eliecer Gaitán tiene la capacidad de interpretar los legítimos anhelos de justicia social de los
sectores excluidos y marginados del país, sectores que eran la mayoría de los colombianos,
para darle expresión política mediante un discurso que se atrevía a identificar –a su modo– las
principales contradicciones de sistema político y económico del momento. En este sentido, en
el manifiesto del unarismo de octubre de 1933, como una muestra significativa de su ideario
enuncia que:
(…) ese criterio expresa el reconocimiento de que hay dos fuerzas en la lucha: de un lado
están los poseedores de los medios de producción y de otro, los que no tiene sino su
trabajo. Los primeros en defensa de sus preminencias trataran de negra esta contraposición,
esta lucha honda, tenaz, brutal, pero ella existe. No hablo exactamente de la lucha de
clases, sino de una lucha de intereses porque estoy hablando para Colombia. Y en verdad la
lucha de clases para nuestro país aún no existe. Y no existe porque para ello es
indispensable un factor: la conciencia. Los poseedores tienen conciencia entre nosotros,
pero los desposeídos no la tienen. (Gaitán,1979, p. 133)
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Estas ideas de claro talante marxista resultaban escandalosas para las clases acomodadas
que, tanto en el partido liberal como conservador, se oponían a todo intento de revolución como
condición de posibilidad para perpetuar sus privilegios. De hecho, Gaitán iba mucho más allá al
cuestionar la legitimidad del mismo estado colombiano, ya que según su parecer:
El Estado representa la fuerza poseedora, es una expresión económica de la minoría y no
de la mayoría, no es síntesis de democracia sino negación de ella. Para el comunismo el
Estado debe ser la dictadura del proletariado contra la minoría poseedora. Para nosotros no.
El Estado debe ser síntesis de democracia, es decir, de igualdad… (Gaitán,1979, pp. 133-
134)
No es el propósito de esta investigación especular sobre lo que hubiese pasado si el
caudillo liberal –tal como se llamaba a Gaitán– ganaba las elecciones presidenciales de 1950,
lo que, si es cierto, es que, aunque no gustaba presentarse abiertamente como un comunista o
anarquista su discurso estaba cargado de argumentos típicos de esas ideologías radicales que
justificaban la necesidad de impulsar cambios estructurales en la economía y la sociedad en su
conjunto. Por lo demás, su liderazgo había creado unos profundos vínculos afectivos con los
sectores populares que veían en él, una esperanza cierta para mejorar su deplorable condición
de vida.
La muerte de Gaitán significó una crisis histórica que marcarían un antes y un después con
consecuencias mediatas e inmediatas para la vida nacional colombiana. El trágico bogotazo
del 9 de abril de 1948 fue, según Arellano (2008), una suerte de estallido social general en el
cual las masas enfurecidas por la desaparición física de su líder toman las calles sin ninguna
dirección política para destrozar los bienes y propiedades a su paso. A esta insurrección
popular se sumaron también muchos contingentes policiales que armaron al pueblo para
impulsar una verdadera rebelión en contra del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez,
que fue frenada por el ejército aun altísimo costo en términos de pérdidas de vidas humanas.
Al parecer de la hija de Gaitán, doña Gloria Gaitán el espiral de violencia no comenzó con la
muerte de su padre, se inicia con los llamados chulavitas y pájaros, milicias paramilitares
aupadas por los gobiernos conservadores desde la década de los treinta –los años de la
violencia– para exterminar todos los cuadros liberales en las diferentes locaciones del país.
insiste Gloria en que el recrudecimiento de la violencia se da en el año 46 mediante los
asesinatos sistemáticos de los simpatizantes gaitanistas –documentos ampliamente en su
archivo privado– para reducir la aceptación general de Gaitán y torpedear con el terror su
posible victoria electoral en 1950 (Gaitán, 2014).
Por sorprender que puede resultar, luego del asesinato de Gaitán la cúpula del partido
liberal les da la espalda a muchos simpatizantes gaitanistas de diversas localidades del país,
con la intención de mantener el statu quo quedando estos a merced del exterminio (González,
2014). Esta situación de confusión y violencia general impulsa la organización de las primeras
guerrillas liberales que luchan sencillamente para preservar su vida. Gómez (2016) expone que
en buena medida la insurrección de estas guerrillas:
(…) fue “un caso de legítima defensa”. Para uno de los jefes sublevados, Eduardo
Franco Isaza, se trataba de seguir la huella de los “grandes caudillos populares”, como
Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán o, como escribe en su obra Las guerrillas del
llano: para “hacer una revolución” a nombre del Partido Liberal porque “los godos” estaban
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empeñados en “barrer de Colombia con todo un principio de organización y progreso de
las masas. (Gómez, 2016: s/p) (negritas añadidas)
A medida que el partido liberal3 abandonaba a los sectores gaitenistas y se desentiende de
su lucha armada como medio de supervivencia, el partido comunista colombiano tuvo la
capacidad y disposición, desde finales de los cincuenta, de integrar a buena parte de estos
grupos rebeldes a sus filas y, al mismo tiempo dotar de contenido ideológico revolucionario sus
luchas y prácticas de resistencia a un sistema político que, a todas luces, se oponía a cualquier
atisbo de pensamiento progresista. Y es que, a fin de cuentas, como ya se reseñó en párrafos
anteriores el discurso gaetanista tenía una relación teórica muy estrecha con el marxismo y su
concepción dicotómica de la historia al estilo de capitalistas/explotados, elite/pueblo, hombre
humilde/ latifundista, etc. Es precisamente de este proceso donde surgen las fuerzas armadas
revolucionarias de Colombia (ejército popular) FARC-EP bajo el liderazgo fundacional del
comandante alias Manuel Marulanda Vélez.
Las guerrillas de extrema izquierda insurgen en la década de los sesenta en el contexto
internacional de la guerra fría, en consecuencia, conectan su acción a la estrategia de llegar al
poder mediante la combinación de todas las formas de lucha, como condición de posibilidad
para construir una sociedad socialista al estilo de la URSS o de la república popular de China,
para el caso de los marxistas maoístas. En este sentido, Pataquiva (2009), explica, siguiendo
al historiador británico Eric Hobsbawm, que todo indica que la historia de Colombia esta
signada por la impronta de grupos insurgentes de diversas ideologías para los cuales la
colonización de tierras era la forma privilegiada para expandir su dominación de territorios
periféricos donde la presencia del estado era prácticamente nula. De hecho, en el primer
programa de las FARC se apuesta taxativamente por: “(…) la lucha por una reforma agraria
revolucionaria que liquidara las bases de la propiedad latifundista y entregara la tierra al
campesino garantizando las condiciones para su explotación económica…” (2009: 162)
(negritas añadidas). Al tiempo que la lucha armada era la vía adopta para acceder al ejercicio
del poder siguiendo el ejemplo de la revolución cubana de 1958.
En Colombia, como en buena parte de la región latinoamericana el latifundio es un
fenómeno central cuando se busca explicar las dinámicas de conflictividad política y social, y
es que muchas poblaciones campesinas estaban prácticamente excluidas de las tierras
cultivables, mientras que, en contraste, grandes territorialidades estaban ociosas o en el
abandono, esta es la contradicción que Galeano (1987) expresó como: hombres sin tierra y
tierras sin hombres.
Como es lógico suponer, una reseña histórica del conflicto interno en Colombia demanda
también del conocimiento de sus causas principales, de sus actores vitales y factores en
disputa. Aunque no es nuestro propósito analizar minuciosamente todos los actores, no se
puede soslayar la importancia del Ejército de liberación nacional ELN y del movimiento 19 de
abril mejor conocido como M-19, para el caso de los grupos de extrema izquierda. En este
3 A pesar de que en buena parte de su historia contemporánea el partido liberal se ha comportado políticamente
como un partido funcional al establecimiento, es justo reconocer tal como refiere Martín que: “…fueron los liberales
colombianos quienes se alzaron contra las ideas caudillistas de algunos que pretendían concentrar la totalidad del
poder político en sus manos, balo la sombrilla de una Constitución, hecha a su medida permitir la presidencia
vitalicia y la sumisión de los poder en medio de la debacle de la república. Fueron los liberales quienes decretaron la
manumisión de los bines de manos muertas, y por esa vía ejecutaron una reforma agraria que permitió engrosar con
grandes extensiones de tierra la Frontera agrícola nacional” (2010: 07).
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orden de ideas, Reyes (2013) sostiene que el ELN desde sus orígenes se veía asimismo como
una vanguardia revolucionaria sustentada en la alianza jóvenes intelectuales, estudiantes y
campesinos como frente de lucha contra terratenientes y gamonales que intento emular a la
revolución cubana y su movimiento de origen el 26 de julio. En cuanto al M-19 se trata más
bien de una guerrilla nacionalista y no marxista recordada por sus llamados golpes de opinión.
Ya en la década de los ochentas, un nuevo actor se suma al conflicto armado motorizando
aún más los procesos de confrontación, nos referimos a las autodefensas unidades de
Colombia AUC, que en teoría venían a proteger los interés de las clases acomodadas quienes
estaban a merced de las guerrillas desde la proclamación de una ideología ultraconservadora y
antimarxista, todo lo cual se desarrollaba en el contexto general de la guerra de los carteles de
la droga entre sí y en contra del estado colombiano. Eran los duros años de los atentados
terroristas en las principales ciudades del país que segaron la vida de cientos de personas
inocentes y generan un sentimiento generalizado de antipolítica y perdida de la confianza
ciudadana en el estado de derecho (Soracá, 2018). Es precisamente esta realidad política,
social e institucional la que intentó cambiar la asamblea constituyente que dotó de contenido a
la constitución política de 1991, muchos más cuando los acuerdos de paz habían fracasado
hasta el momento, situación de la que se hablara en apartados posteriores.
3. Balance analítico de los acuerdos de paz
Los acuerdos de paz son soluciones negociadas a distintos conflictos que erosionan los
espacios de convivencia en el seno de una sociedad, normalmente polarizada entorno al odio o
simpatía de los distintos actores en disputa y sus motivos de lucha. El éxito o fracaso de un
acuerdo depende directamente de la voluntad y compromiso de las partes contratantes para
hacer valer lo pactado en la realidad concreta y así trascender los dominios de los discursos
políticamente correcto con muy poca o ninguna incidencia en la vida cotidiana de personas y
comunidades. Es precisamente en es este sentido que Calvano (2020) afirma que la paz no se
decreta ni se construye en salones u oficinas gubernamentales de alto nivel, se trata más bien
de un compromiso general que si bien es cierto adviene en los espacios de poder, se debe
hacer extensivo a toda la sociedad para transformar sus representaciones sociales e
imaginarios colectivos en torno a la guerra y la paz. Se trata ontológicamente hablando de un
acto colectivo de conciencia y madures política para superar rencores y resentimientos y, por lo
tanto, darle oportunidad a la edificación de un futuro mejor para todos.
No es la intención de este apartado hacer un repaso general de los distintos acuerdos que
se han esbozado en Colombia como intentos fallidos para superar el conflicto interno de más
de 60 años de duración, cosa que sobrepasa el objetivo de esta investigación, se trata más
bien de efectuar un balance analítico, esto es, un ejercicio que dé cuenta de los aciertos y
desaciertos de los llamados acuerdos de la Habana de 2016, intitulados formalmente como:
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto para la Construcción de una Paz Estable y
Duradera4 suscrito voluntariamente por el gobierno nacional de Colombia y las FARC-EP. Tal
como indica Ríos (2017) al menos textualmente este acuerdo tiene entre sus bondades que
logra sintetizar las experiencias positivas que se derivan de otros acuerdos en el plano nacional
e internacional respectivamente, bajo el entendido de que no existen acuerdos perfectos y que,
consecuentemente, todo acuerdo siempre es mejorable.
4 Para el estudio del acuerdo se consultó la versión del texto de 2018 del Alto comisionado para la paz en Colombia.
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Como es bien sabido la versión original de este acuerdo fue sometida mediante plebiscito a
la aprobación ciudadana, no obstante, a pesar de todos los pronósticos una pequeña mayoría
(50,21% del No contra el Sí 49,79%) de los participantes en la jornada refrendaría del 02 de
octubre del 2016 dijo no a la pregunta "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?" (Miranda, 2016). Las hipótesis que
tratan de explicar el rechazo popular al acuerdo son variadas, y resaltan elementos como a)
que faltó un mayor trabajo de comunicación política por parte de los gobiernos locales y
departamentales para explicar a las personas el significado del acuerdo y su justicia
transicional; b) que la campaña mediática de desinformación desplegada por los enemigos del
acuerdo agrupados por el Centro democrático fue muy poderosa, o c) que prevaleció el legítimo
descontento popular ante los desmanes históricos de la FARC en prejuicio de la sociedad
colombiana en su conjunto, por sobre otras consideraciones más sosegadas. Muy seguramente
el resultado se debió a la combinación dialéctica de estos y otros factores.
El rechazo popular del acuerdo hizo que la presidencia de la república de colombiana y su
oficina del alto comisionado por la paz propiciaron unos encuentros con los principales sectores
que promulgaron el no sobre lo pactado para conocer sus razones y opiniones sobre tan
transcendental evento. Estos encuentros terminaron por modificar parcialmente el texto original
y dieron paso al documento de la versión final del acuerdo que se trabajó por más de 5 años
con la mediación internacional de Cuba, Noruega y la ONU, entre otros garantes (Oficina del
Alto Comisionado para la Paz, 2018).
El acuerdo no solo se reduce a alto al fuego permanente entre los actores beligerantes o la
sola integración a la normalidad política y social de los insurgentes, sino que se trata de
atender las distintas dimensiones de la realidad que se han conjugado históricamente para
producir y reproducir el conflicto. En este sentido el acuerdo tiene seis puntos marco, a saber:
1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral.
2. Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz.
3. Fin del Conflicto.
4. Solución al Problema de las Drogas ilícitas.
5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto.
6. Implementación, Verificación y Refrendación.
Como es lógico suponer, algunos de estos puntos demandan por su complejidad de un
comentario particular. El acuerdo comprometía al Estado colombiano a efectuar una reforma
agraria para, por un lado, desconcentrar la tenencia de improductivas tierras en ciertos grupos
y usar de forma racional los territorios ejidos. Por el otro, el acuerdo es la base para la
definición y aplicación de un conjunto de políticas públicas que buscan beneficiar a las
comunidades campesinas dotándolas de territorios de los que, en algunos casos, fueron
desplazados por el conflicto y de los insumos y conocimientos técnicos necesarios para el
desarrollo agro-productivo integral. No obstante, hasta el momento que se escribe este informe
no hay un registro catastral nacional de tierras en Colombia. En palabras de Villamizar (2020):
El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) dejó de nuevo aplazada, por tercera vez en ochenta años (1936, 1960-
1968, 2016), la reforma agraria. En el acuerdo del 2016, las partes acordaron un lacónico
proceso de formalización de la propiedad privada mediante la asignación de títulos para
quienes ya tienen posesión sobre la tierra. También se aceptó restituir y reparar a quienes
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perdieron la tierra en la guerra de 25 años y se volvió a dejar para después la redistribución
de la propiedad. Este asunto es de especial importancia, pues el coeficiente Gini de tierras
en Colombia llega al 0,8 %, uno de los más desiguales del mundo (2020, p. 232).
En cuanto a la participación política la idea del acuerdo es permitir que los exguerrilleros
sumados voluntariamente al pacto pueden organizarse políticamente para hacer valer sus
intereses y concepciones partidarias por la vía democrática normal, lo que significa, deponer
definitivamente las formas violentas de acceder al poder y hacer política, todo lo cual supone
una ampliación democrática que al representar nuevas fuerzas políticas vendría, sin duda, a
enriquecer sustantivamente el debate nacional alrededor de los grandes problemas del país,
base fundamental para forjar y mantener la paz dialógicamente (Oficina del Alto Comisionado
para la Paz, 2018). De esta iniciativa surge el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común (FARC) el cual se cambió de nuevo el nombre a COMUNES con casi ninguna
victoria electoral hasta el momento, lo que lleva a formular la pregunta ¿tendrán los
excombatientes la capacidad política para desarrollar su partido en condiciones democráticas
normales y en un clima de opinión que le es adverso?
En lo concerniente a la solución de las drogas ilícitas que son a todas luces junto a otras
actividades ilícitas como el secuestro, la extorción o la minería ilegal las fuentes de financiación
de las FARC y otros grupos irregulares. En este hilo conductor en el acuerdo se reconoce que:
La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de
pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de
organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y
duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las
drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de
drogas ilícitas. (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018, p. 98)
A pesar de esta declaración de principios, hasta ahora la política de sustitución de cultivos
ha sido muy poco eficaz, razón por la cual los campesinos no la ven con buenos ojos. A juicio
de los autores de esta investigación, no existen hasta el momento una política deliberada por
parte del gobierno nacional que de contenido concreto al punto 4.1 del acuerdo que promete:
“Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con
participación de las comunidades… en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de
sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos” (Oficina del
Alto Comisionado para la Paz, 2018: 102). Conviene recordar además que el negocio del
narcotráfico rebaza las fronteras nacionales de Colombia y mientras exista un mercado para el
consumo de sustancias ilícitas resulta cuesta arriba erradicar los circuitos de producción y
exportación de la droga, mucho más cuando los campesinos siguen inmersos en un contexto
que no les proporciona alternativas viables para la subsistencia y menos aún para el desarrollo
de sus capacidades.
Atención especial merece el punto seis concerniente a la reparación material y moral de las
Víctimas del Conflicto, mucho más cuando el daño causado por la guerra a la sociedad
colombiana es inconmensurable en términos de pérdida de vidas humanas, desplazados,
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desaparecidos y violentados integralmente. En este punto el centro nacional de memoria
histórica sostiene que:
Las víctimas directas de la violencia en Colombia, así como sus familiares, amistades,
vecindades y comunidades han experimentado situaciones de horror extremo en
condiciones de enorme indefensión y humillación. Sus victimarios fueron arbitrarios y no
conocieron límites. Los testimonios escuchados por el GMH ilustran la crueldad con la que
actuaron los grupos armados y la sevicia con que cometieron los actos, así como su clara
intención de sembrar el terror, instaurar el miedo, subyugar a la población y controlar los
territorios. (Centro nacional de memoria histórica, 2018: 259)
En efecto, el conflicto interno colombiano se ha desarrollo como una guerra civil en el marco
de un estado fallido, tal como sostiene González (2014), configurando en su devenir una crisis
humanitaria compleja que ha vulnerado sistemáticamente la dignidad humana de personas y
comunidades enteras hasta el punto de que se trata de un conflicto en el cual los crímenes de
lesa humanidad son una constante y no la excepción. En este sentido, el acuerdo (Oficina del
Alto Comisionado para la Paz, 2018) configura nueve principios transversales que deben ser la
base de toda política pública encaminada a reparar en los posible a las víctimas: a) El
reconocimiento de las víctimas, lo que significa visibilizar su realidad sin negaciones de los
daños ni eufemismos sobre el tema; b) El reconocimiento de responsabilidad; c) Satisfacción
de los derechos de las víctimas; d) La participación de las víctimas; e) El esclarecimiento de la
verdad; f) La reparación de las víctimas; g) Las garantías de protección y seguridad; h) La
garantía de no repetición; i) Principio de reconciliación y; j) Enfoque de derechos.
Hasta el presente se ha avanzado desde el estado en el desarrollo de una política que
reconoce a las víctimas, asignando responsabilidades reparatorias a los responsables de
perpetuar crímenes de diversa naturaleza a personas y grupos inmersos en las zonas de
conflicto, con el ánimo de satisfacer los derechos fundamentales de estas personas y, al mismo
tiempo, documentar su verdad sobre lo sucedido como condición de posibilidad para la no
repetición en el tiempo de estos actos atroces. No obstante, la FARC-EP es uno de los varios
grupos beligerantes en el conflicto por lo que la garantía de protección y seguridad que ofrece o
puede ofrecer el estado es, hoy en día, frágil e ilusoria si este u otro acuerdo similar no se hace
extensivo próximamente a los otros grupos delincuenciales o insurgentes que siguen operando
en el territorio nacional, como el neo-paramilitarismo o el ELN, entro otros.
En definitiva, cuando se trata de determinar los aciertos y desaciertos de este acuerdo hay
que tomar en cuenta factores internos y externos al mismo, bajo la convicción de que el
acuerdo propiamente dicho es únicamente el punto de partida para super las causas y
condiciones que han hecho posible la prolongación del conflicto en el tiempo. En cuanto a los
factores interno o, más concretamente, a las limitaciones o contradicciones del texto no hay
mucho que decir porque todo acuerdo es perfectible y responde a la realidad de un tiempo y
espacios determinado, en este sentido entendemos el acuerdo de la Habana de 2016 fue, en
esencia, un buen acuerdo para las partes contratantes y, más aun, para la sociedad en su
conjunto. En cuanto a los factores externos del mismo, todo indica que es lamentable que el
gobierno del presidente Iván Duque Márquez no se haya comprometido con el desarrollo
integral de los pactado, por razones ideológicas y partidistas, situación que en muchos
aspectos ha significado un retroceso para la paz.
Contexto histórico-político que sirve de escenario al conflicto interno en el proceso de la búsqueda por alcanzar la paz en
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Conclusiones: Transición democrática y conflictividad política en Colombia
La primera conclusión o resultado que surge cuando se describe el contexto histórico-
político que sirve de escenario al conflicto y la búsqueda por alcanzar la paz en Colombia,
después de la transición democrática de 1991, es que la mejorar forma para gestionar el
conflicto consiste en incrementar cualitativamente los espacios de participación democrática
que permitan a la sociedad desarrollar una vida libre de violencia, inclusive a contravía –si es
preciso– de los actores de poder que históricamente se han anclado el conflicto interno, como
condición de posibilidad para satisfacer sus interés mezquinos a expensas del sufrimiento
colectivo.
En este sentido, se plantea la hipótesis de trabajo que será validada, en la teoría política y
con evidencia empírica concreta en su momento que la participación democrática de una
ciudadanía madura y consciente de su situación histórica es la pieza clave para superar
definitivamente el conflicto interno y construir un nuevo modelo de sociedad en el postconflicto.
Esto por diferentes razones, primero, porque la participación democrática general reduce el
poder discrecional de los actores hegemónicos para definir la agenda y, segundo, porque la
misma participación devenida en contraloría social tiene la capacidad para exigirle a las
instituciones públicas que cumplan con lo pactado en los acuerdos de la Habana, sin más
dilaciones ni demagogia.
No obstante, debemos reconocer que la esperanza inicial generada por los referidos
acuerdos ha sido torpedeada sistemáticamente en el último lustro para redescubrir que de
nuevo la superación de las causas condiciones que producen y reproducen el conflicto interno
lucen como una tarea titánica a pesar de lo avanzado. De hecho, esta realidad pudiera llevar al
equipo de investigación a introducir cambios en los objetivos específicos de la tesis para que se
adapten aún mejor a las nuevas realidades y dinámicas de poder que marcan el escenario
político y social de Colombia.
En definitiva, la transición dialéctica en Colombia a una sociedad más justa, equitativa y
democrática es la fuerza primaria para superar el conflicto armado interno y lograr una paz
estable y duradera. Por el contrario, el retroceso en esta dinámica democratizadora significaría
la agudización del conflicto interno. No obstante, cuando se habla de dinámica democratizadora
se quiere destacar la síntesis en igualdad de condiciones de la dimensión formal de la
poliarquía con la dimensión sustantiva de la misma, para mejorar las condiciones de vida de
todo el país con énfasis especial en sus grupos y poblaciones más vulnerables. Sin esta
síntesis, no sería posible una transición a una fase cualitativamente superior de la historia
colombiana.
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