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MULTIVERSO JOURNAL | ISSN: 2792-3681
Volumen 3, Número 5, Edición julio-diciembre de 2023
https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2023.5.4
Cómo citar:
Calle García, J.I., Calle Antón, J.I., Calle García, R.X., Calle García, J.A. (2023). Principios rectores del derecho mercantil en el
Ecuador. Multiverso Journal, 3(5), 46-56. https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2023.5.4
Principios rectores del derecho mercantil en el Ecuador
Guiding principles of commercial law in Ecuador
Jorge Isaac Calle García
Jorge Isaac Calle Antón
Robertson Xavier Calle García
Jimmy Alberto Calle García
Recibido el 14/04/2023 - Aceptado el 19/06/2023
Resumen
En el campo del Derecho Mercantil en el Ecuador se reconocen principios rectores enunciados en el artículo
3 del Código de Comercio: libertad de actividad comercial, transparencia, buena fe, licitud de la actividad
comercial, responsabilidad social y ambiental, comercio justo, equidad de género, solidaridad, identidad
cultural y respeto a los derechos del consumidor. El objetivo de esta investigación fue especificar el alcance
de los principios rectores del Derecho Mercantil en Ecuador. Esta investigación es de tipo documental,
descriptiva-hermenéutica, con enfoque analítico. El reconocimiento de principios rectores del Derecho
Mercantil permite la adaptación de su normativa a nuevos paradigmas relacionados con el Buen Vivir, en
el entendido que la consecución del mismo implica un conjunto de deberes por parte del Estado, que van
desde la garantía del derecho de las personas, colectividades y naturaleza, la producción de bienes y
prestación de servicios, hasta el impulso de las actividades económicas mediante la estructuración de un
orden e instituciones jurídicas acordes con la Constitución del Ecuador. Se concluye que, es necesario el
acatamiento de los principios rectores del Derecho Mercantil, dado que los mismos forman parte de toda
esa estructura del orden e instituciones que le dan vida a las actividades económicas lícitas.
Palabras clave: principios jurídicos, derecho mercantil en el Ecuador, actividad comercial, código de
comercio, estudios jurídicos.
Abstract
In the field of Commercial Law in Ecuador, the guiding principles set forth in Article 3 of the Commercial
Code are recognized: freedom of commercial activity, transparency, good faith, lawfulness of commercial
activity, social and environmental responsibility, fair trade, gender equity, solidarity, cultural identity and
respect for consumer rights. The objective of this research was to specify the scope of the guiding principles
Doctor en Ciencias Jurídicas. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6567-
2762. Email: jcallegarcia@yahoo.es
Abogado. Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG), Ecuador. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3745-1038.
Email: calleanton@gmail.com
Doctor Científico en Ciencias Pedagógicas. Universidad Técnica de Manabí (UTM), Ecuador. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-
0938-5608. Email: robertson.calle@utm.edu.ec
Doctor Científico en Ciencias Pedagógicas. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), Ecuador. ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-7931-9414. Email: jimmycalleg@hotmail.com
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of commercial law in Ecuador. This is a documentary, descriptive-hermeneutic research, with an analytical
approach. The recognition of guiding principles of Commercial Law allows the adaptation of its regulations
to new paradigms related to the Good Living, in the understanding that the achievement of the same
implies a set of duties on the part of the State, ranging from the guarantee of the rights of individuals,
communities and nature, the production of goods and provision of services, to the promotion of economic
activities through the structuring of a legal order and institutions in accordance with the Constitution of
Ecuador. It is concluded that it is necessary to abide by the guiding principles of Commercial Law, since
they are part of the whole structure of the order and institutions that give life to lawful economic activities.
Keywords: legal principles, commercial law in Ecuador, commercial activity, commercial code, legal
studies.
Introducción
El Derecho Mercantil rige las relaciones entre comerciantes en cuanto a sus operaciones mercantiles, actos
de comercio y contratos de comercio. En términos generales, conforme al Código de Comercio Ecuatoriano,
las actividades mercantiles incluyen un conjunto de actos u operaciones relacionados con el desarrollo
continuado o habitual de actividades de producción, intercambio de bienes y/o prestación de servicios en
un mercado determinado, así como cualquier actividad que implique la generación de un beneficio
económico (artículo 7).
Bajo estos términos se observa que dichas actividades mercantiles intervienen de manera directa en la
economía del país, por tanto, requieren de un cuerpo normativo que estipule derechos, deberes,
condiciones y protecciones a los intervinientes en dichas operaciones. Precisamente, una forma de estatuir
estas regulaciones es mediante los principios jurídicos, algunos con connotaciones axiológicas y otros más
articulados con temas de legalidad y normatividad. Estos principios jurídicos se caracterizan porque
configuran el fundamento o base del ordenamiento jurídico, en ocasiones son enunciados de forma expresa,
pero también de forma implícita derivados de las interpretaciones jurídicas. En otras palabras, los principios
jurídicos son proposiciones, expresas o implícitas, que abarcan la base, estructura, definición y finalidad de
las normas aglutinadas en el sistema jurídico de un país, o en las normas de una determinada disciplina
jurídica.
En este sentido, en el campo del Derecho Mercantil en el Ecuador se reconocen principios que rigen las
actividades reguladas por esta rama del derecho, o más propiamente, reguladas por el Código de Comercio
vigente, dichos principios se encuentran enunciados en el artículo 3 del mencionado código de la siguiente
manera: libertad de actividad comercial, transparencia, buena fe, licitud de la actividad comercial,
responsabilidad social y ambiental, comercio justo, equidad de género, solidaridad, identidad cultural, y
respeto a los derechos del consumidor.
Así, el objetivo de esta investigación es especificar el alcance y contenido de los principios rectores del
Derecho Mercantil en Ecuador, lo cual permite delimitar, con un enfoque integrador más no excluyente,
una tipología didáctica e ilustrativa bajo dos criterios: principios de acuerdo a los valores y principios de
acuerdo a la legalidad.
Para el desarrollo de este trabajo se analizan y toman en consideración bibliografías nacionales e
internacionales relacionadas con la axiología y la principialística, así como la consulta e interpretación de la
Constitución de 2008 y, muy particularmente, el Código de Comercio y la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor. En consecuencia, esta investigación es de tipo documental, descriptiva-hermenéutica, con
enfoque del método analítico.
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Definición de principios
Entre las finalidades que tiene el Derecho se encuentra evitar o resolver conflictos entre las personas, sean
estas naturales o jurídicas, ya que cada una exige que le sean reconocidos los derechos que les
corresponden y, por consiguiente, que el resto de los sujetos cumplan con los deberes que tienen de
conformidad con el ordenamiento jurídico. A tales efectos, existen multiplicidad de fuentes jurídicas las
cuales se encargan de establecer los parámetros necesarios, sean normas constitucionales, legales y
sublegales; contratos como expresión de acuerdos entre partes; se trate de usos y costumbres; criterios
jurisprudenciales; doctrina; entre otras tantas, especialmente los principios que se corresponden con el
aspecto central de esta investigación.
En este orden de ideas los principios son amplios y diversos, los primeros que deben ser mencionados son
los conocidos como principios generales del Derecho, no es indispensable que se encuentren de manera
taxativa en el ordenamiento jurídico pues una de sus tareas es coadyuvar con otras fuentes en casos
concretos. Son considerados para enriquecer el argumento jurídico en los espacios jurisdiccionales o
administrativos, además que respaldan las investigaciones en materia científica-académica. Es decir, que
con los principios generales del Derecho se crean puentes de entendimiento entre las opiniones que se
encaminan a solucionar los problemas en las relaciones de la sociedad.
Los principios generales del Derecho representan una lista inacabada, conforme a las transformaciones de
la sociedad pudieran incluirse o restarse, pero es importante mencionar algunos de ellos, tales como:
prohibición de fraude a la ley, debido proceso, buena fe, legalidad, interés general, igualdad, razonabilidad,
realidad, quien afirma está obligado a probar, primero en el tiempo primero en el derecho. Concretamente,
en el Ecuador el artículo 11 constitucional (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) establece que el
ejercicio de los derechos se rige de acuerdo a los siguientes principios planteados de manera resumida
como: ejercicio individual o colectivo; igualdad y no discriminación; aplicación directa e inmediata; no
restricción de derechos o garantías; aplicación de la norma e interpretación más favorable; inalienabilidad,
irrenunciabilidad, indivisibilidad, interdependencia e igualdad jerárquica de principios y derechos;
reconocimiento de derechos y garantías derivados de la dignidad; progresividad; respeto estatal de los
derechos.
Por lo anterior, la abundancia en materia de principios generales del Derecho no termina. Por ello, cada
rama del Derecho se ha dado a la tarea de perfilar principios que le sean propios (o compartidos con otras
especialidades jurídicas), es decir, existen principios que se engloban en aspectos del Derecho Público
(constitucional, administrativo, entre otras), del Derecho Privado (civil, mercantil, por mencionar algunas),
o del Derecho Social (laboral, seguridad social, etc.), para adecuarlos a las interpretaciones
correspondientes y aplicadas a los casos concretos.
Cabe entonces establecer, que los principios son pautas que rigen las interpretaciones jurídicas en casos
concretos, y pueden estar presentes o no en el ordenamiento jurídico. Son amplios, pero encuentran
especificidad en los casos concretos. Por lo tanto, son los jueces (y funcionarios administrativos, auxiliares
y autónomos) * * * * * como personas encargadas de administrar justicia, a quienes les corresponde conocer
y evaluar los distintos principios para ser considerados en los hechos que diriman de acuerdo a sus
competencias, ya que a tenor del artículo 167 de la Constitución del Ecuador: “La potestad de administrar
justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y
funciones establecidos en la Constitución”.
* * * * * “Artículo 177.- La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos auxiliares y
órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada
administración de justicia” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).
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En este sentido, surge, una nueva perspectiva jurídica en el cual se observan cuatro características, a
saber: juridificación de la política y de los principios; relevancia de los principios fundamentales como pilares
fundamentales; universalización de los derechos humanos; y, la insuficiencia del enfoque positivista,
formalista y exegético de los textos constitucionales (Portela, 2011) citado por (Medina Peña, Valarezo
Roman, & Romero Romero, 2021). De ellos, son de particular relevancia en este manuscrito los dos
primeros, pues refieren la trascendencia de los principios en materia de nuevas realidades jurídicas y de la
necesidad, cada vez más frecuente, de modernizar las instituciones del Derecho.
Los principios generales del Derecho, se pueden caracterizar como generales, versátiles, inacabados, útiles,
y respetuosos. Se dice que son generales, pues se pueden presentar en cualquier rama jurídica, en las
distintas etapas procesales y en cada nivel de decisión. Por su parte, se asumen como versátiles por su
gran capacidad de adaptación a los hechos concretos. También son inacabados, ya que no encuentran fin
en el ordenamiento jurídico, se reinventan en cada interpretación, en cada sentencia, en cada decisión.
Además, tienen un carácter de utilidad porque con ellos se encuentran armoniosamente viejos adagios o
dogmas con las nuevas realidades de la sociedad; y, se entienden como respetuosos, ya que su amplitud
admite diferentes formas de interpretación.
Los principios jurídicos, más allá de doctrinales, empiezan a transformase en herramientas
discursivas y argumentativas para encontrar soluciones adecuadas, especialmente donde existe una
pluralidad de derechos y sujetos que conllevan colisiones. Su finalidad es ayudarnos a desenredar
las lagunas axiológicas más que las mismas normativas (Vintimilla Saldaña, 2010, p. 52).
Téngase en consideración, que se otorga relevancia a los principios sobre las reglas, se favorece, entonces,
lo que se puede llamar una adecuación de la administración de justicia a las circunstancias del caso
concreto. Complementa todo un andamiaje jurídico que coadyuva dentro de la práctica judicial, en lo que
a protección de derechos se refiere. Es necesariamente obligatorio encontrar un equilibrio que permita
reconocer el trasfondo moral y principialista detrás de cada una de las reglas, pues si se analiza que desde
el punto de vista jurídico los principios se pueden aplicar dada su naturaleza de manera abierta y flexible a
cada caso, mientras que las normas o reglas son más cerradas o poco adaptables en su aplicación
(López Ruiz and Haro Haro, 2021).
Aunado a lo anterior, resulta necesario indicar las funciones que se le acreditan a los principios, en este
sentido las mismas responden a la riqueza que tienen como fuentes jurídicas. Se le adjudica, entre otras
consideraciones, una función interpretativa en razón de las construcciones doctrinales y jurisprudenciales
que permiten los principios; también una denominada integradora, ya que enlaza las normas escritas con
los valores (dispuestos o no por el ordenamiento jurídicos); se reconoce, además, que los principios
cumplen con una función antiformalista, ya que no requieren su necesaria incorporación en textos
constitucionales, legales o sublegales.
En todo caso, los principios “…ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con
las posibilidades fácticas y jurídicas. Por ello, los principios son mandatos de optimización. Como tales, se
caracterizan porque pueden ser cumplidos en diferentes grados” (Vintimilla Saldaña, 2010, p. 53) de
acuerdo a la libertad que tengan los órganos decisorios y, por supuesto, a cada una de las singularidades
que plantee el caso en específico, sea para evitar el conflicto o sea para resolverlo.
Estos elementos del Derecho que se enseñan en las aulas universitarias, se citan en los textos legales,
que utilizan los abogados como argumentos para fundamentar sus pretensiones y los jueces para
motivar sus resoluciones, resultan casi fascinantes para la doctrina contemporánea, sobre todo por
el hecho que, su validez no depende de un acto de autoridad, sino más bien debido a que para la
comunidad de juristas resultan jurídicamente razonables (Rojas Amandi, 2005, p. 235).
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En lo que respecta a la dinámica para aplicar los principios, se enfatiza la relevancia de los casos concretos,
los principios no se materializan con meras abstracciones (tal como sucede con las normas), sino que
ameritan las particularidades de situaciones específicas, pues cada variable es determinante al momento
de interpretar y argumentar a través de los principios y perfilar el equilibrio entre normas y valores. El
funcionario encargado debe hacer uso de todo un instrumental ius filosófico sin dejar de tener en cuenta
lo plasmado en las normas, no es una tarea sencilla, pero es vital para que la decisión sea adecuada, que
sea justa.
Los principios generan un derecho de textura abierta, pues reciben determinación y precisión a la luz de
las exigencias del caso concreto o particular. La concreción de significados se perfecciona gracias al uso de
la razonabilidad y la ponderación por parte del órgano decisor. Adicionalmente, requieren de la prudencia
que hizo de los romanos el pueblo que realmente conoció la justicia y el Derecho en la práctica, sin dejar
de lado sus falencias humanas. Es decir, los principios deben aplicarse proporcionalmente no debiendo
excluirse entre sí, sino que en cada caso se pondera o pesa cuál ha de tener la preferencia y en qué medida
(Vintimilla Saldaña, 2010).
De manera que, los principios son una de las fuentes que, aunque se les otorgue un rol colaborador, cada
vez adquieren mayor arraigo en la rutina jurídica, su formidable capacidad de adaptación y dinamismo es
un obsequio para las personas encargadas de administrar justicia en cualquier rama del Derecho, en
especial en el caso del Derecho Mercantil que tiene sus singulares principios.
Clasificación de los principios
En el Ecuador, en materia de Derecho Mercantil, el ordenamiento jurídico prescribe una lista de principios
en el Código de Comercio (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2019), específicamente en su
artículo 3; se trata de 10 principios transversales para las obligaciones de los comerciantes tanto en sus
operaciones mercantiles, como para los actos y contratos de comercio, incluso si son ejecutados por no
comerciantes, por ello tales principios comprenden una gran variedad de casos concretos.
La incorporación de principios jurídicos en materia mercantil es producto de la evolución jurídica, es decir
que el progreso y la modificación del contenido y características del ámbito comercial está sujeto de manera
constante a los efectos económicos, si se toma en cuenta que los principios son las razones fundamentales
que mueven la conducta social del hombre en comunidad, la actividad mercantil de este no se escapa a tal
presupuesto universal (Pérez, 2017). Recientemente, por la indispensable perspectiva jurídica
pro homine,
se puede indicar que los principios del Derecho Mercantil se basan en tres postulados explicados por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2011):
• Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
• El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones
especializadas, deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos.
• La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos
en caso de incumplimiento.
En razón de lo anterior, los principios refuerzan su rol especialísimo entre componentes filosóficos y el
ordenamiento jurídico, en otros términos, entre valores y legalidad. Tal es el caso de la clasificación que
estas líneas plantean para los principios del Derecho Mercantil en el Ecuador que, sin ánimo de ser
excluyentes sino integradora, permite presentar una tipología didáctica e ilustrativa con dos criterios, esto
se traduce en principios de acuerdo a los valores y principios de acuerdo a la legalidad.
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Principios de acuerdo a los valores
• Transparencia, este primer principio obedece a la necesidad de clarificar cada uno de los negocios
jurídicos en el ámbito comercial, no solo entre particulares, sino también cuando uno de los
contratantes es el Estado. Al aplicar dicho principio, se evitan eventuales conflictos que pudieran dar
lugar a sanciones, reparar los daños causados, hechos de corrupción, recisiones de contratos, entre
otros tantos efectos perjudiciales para la buena marcha de los acuerdos mercantiles y la sociedad en
general. “El principio de transparencia engendra obligaciones de carácter individual y de carácter
estatal” (Corte Constitucional, 2021).
La transparencia sirve de instrumento para que las partes conozcan cada uno de los factores y cláusulas
entre las que oscila la contratación. Los comerciantes se sentirán resguardados al interactuar con otro
sujeto que sea respetuoso y cumplidor de las obligaciones adquiridas sin solapar ningún aspecto. Pudieran
existir cláusulas de confidencialidad oponibles a terceros, por lo tanto, las partes en la contratación
mercantil sí estarían al tanto del contenido completo de la misma.
“El principio de transparencia se configura como un principio funcional, en tanto su contenido, exigencias
y límites vendrán determinados y modulados obedeciendo al fin u objetivo último al que sirvan”
(Miranzo-Díaz, 2019, p. 279). En el ámbito mercantil, la finalidad medular es mantener la correcta confianza
entre los sujetos que tienen actividades comerciales, además de cumplir cabalmente las obligaciones que
han sido asumidas, por ello es posible establecer que la transparencia debe ser un elemento intrínseco en
el Derecho Mercantil, aparece en el ordenamiento jurídico de manera expresa, pero requiere ser
internalizado por los socios comerciales.
• Buena fe, este principio requiere tanto ofrecer confianza como obtenerla por parte del otro. La buena
fe se presume entonces en un primer momento, y tendría que verificarse una actuación contraria para
desvirtuarla. Su punto de partida se encuentra en la responsabilidad de los sujetos que llevan a cabo
actos de comercio, es decir que la buena fe sería el reflejo de esa capacidad de reconocer, aceptar y
cumplir con las consecuencias de la contratación mercantil.
El rol preponderante de la buena fe en los intercambios comerciales, tanto en contextos universales como
locales, ha sido una constante a través de los tiempos. La buena fe siempre ha tenido un rol principal en
la escena mercantil debido a su flexibilidad. Esto no significa aceptar la buena fe es un principio exento de
significado, por el contrario, es posible afirmar que la buena fe es un concepto cuyo significado se determina
conforme a los acontecimientos históricos de cada época en que este principio se ha desarrollado (Carvajal
Arenas, 2014).
• Equidad de género, quizás es uno de los principios más recientes, con él se tratan de equiparar las
oportunidades en las negociaciones jurídico mercantiles entre cada uno de los géneros que el
ordenamiento jurídico reconozca. La equidad, aunque es cercana a la igualdad, no tienen el mismo
significado y esto es conveniente aclararlo; la equidad amerita que cada individuo goce de las
oportunidades en un plano que equilibre la balanza con el resto de los sujetos, mientras que la igualdad
obliga a aceptar las mismas oportunidades, aunque ello signifique un inadecuado reparto.
De cara al futuro, las instituciones internacionales pueden apoyar el comercio y la equidad de género
contribuyendo a mantener y fortalecer un comercio abierto, basado en normas y transparente. Las
negociaciones e iniciativas que están llevando a cabo los organismos multilaterales como el Banco Mundial
y la Organización Mundial del Comercio en relación con los servicios, la agricultura, el comercio electrónico
y las pequeñas y medianas empresas pueden fomentar el empoderamiento de las mujeres en la economía
mundial. Además, las evaluaciones del impacto de la asistencia internacional pueden aportar información
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sobre el tipo de intervenciones que son más eficaces para promover la equidad de género en el comercio
(Banco Mundial; Organización Mundial del Comercio, 2020).
• Solidaridad, es también un principio con alto grado de valor humano, se encuentra consagrado
constitucionalmente en el artículo 66, numeral 15, el cual estatuye que “Se reconoce y garantizará a
las personas: 15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva,
conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental”, precisamente, uno de los
grandes componentes de la actividad económica del Ecuador (y de cualquier país) son los vínculos
jurídicos de carácter mercantil circunscritos a la esfera de la solidaridad.
La solidaridad es asumida como algo propio del Derecho Mercantil, es un principio inherente a sus negocios,
puede tener dos perspectivas; la primera, obedece a las responsabilidades derivadas de las contrataciones
por lo cual, los comerciantes admiten asumir las consecuencias derivadas de los hechos u omisiones de sus
pares comerciales, es usual que las excepciones aparezcan contempladas en el ordenamiento jurídico (por
ejemplo, el artículo 1112 del Código de Comercio dispone: “Respecto de los daños en los cargamentos, no
habrá solidaridad entre las naves culpables, y cada armador pagará los perjuicios de las cargas dañadas
en su nave”); la segunda, es un tanto más general y engloba a las actividades nacionales e internacionales
con contenidos tanto nobles como de estricto acatamiento, en este último caso la reputación de la empresa
es la que pudiera verse más afectada (por ejemplo, daños al medioambiente, vulneración de condiciones
laborales).
• Identidad cultural, con este principio se afianza la idiosincrasia del Ecuador. La identidad: “…es un
conjunto de cualidades que dan a la persona o a un grupo una particularidad que los caracteriza y los
diferencia de las otras personas” (Tibán, 2009, p. 52). Su incorporación al ordenamiento jurídico
mercantil sienta las bases para que el sistema cuente con las singularidades que desde la Constitución
se exponen, en especial por el artículo 21, que señala lo siguiente:
Artículo 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir
sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural;
a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.
En razón de ello, las actividades comerciales nacionales e internacionales no pudieren menoscabar la
mencionada identidad, por el contrario, deben contribuir a enaltecerla y reforzarla. De este modo, las
relaciones mercantiles combinarían, las exigencias de los pares mercantiles con las singularidades de la
cultura ecuatoriana.
Principios de acuerdo a la legalidad
• Libertad de actividad comercial, se trata de un principio cuyo asidero se ubica directamente en la
norma jurídica. El artículo 66 de la Constitución de 2008 expone, entre los derechos de libertad, que
se reconoce y garantizará a las personas: “15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en
forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y
ambiental”. En otras palabras, la libertad económica o libertad de actividad comercial implica todas las
libertades y prerrogativas asociadas a la producción, distribución y/o consumo de bienes y servicios,
de conformidad con el orden jurídico establecido. En Ecuador, esta libertad de actividad económica
reviste tanto un derecho como un principio que da eficacia a las actividades comerciales en el marco
de las regulaciones previstas en el Código de Comercio.
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A tal efecto, se habla de un índice de libertad económica creado en el año 1995, el cual toma en cuenta
aspectos como: libertad comercial, fiscal, laboral, monetaria, financiera, de inversión y del comercio
internacional, también toma en cuenta el tamaño del sector estatal, los derechos de la propiedad y de la
libertad frente a la corrupción. El primero de estos factores, libertad comercial, permite determinar la
eficacia de un negocio en su puesta en marcha. En torno a esto se prevé que mientras que en los países
exista: “…exceso de normas innecesarias o exorbitantes que impidan la facilidad de las operaciones de los
emprendimientos, tiende a convertirse en una nación con menos libertad con relación a esta área” (Vergara,
San Andrés, & Pacheco, 2018, p. 9).
• Licitud de la actividad comercial, es otro de los principios mencionados en el artículo 3 del Código
de Comercio, muy relacionado con el principio de libertad de actividad económica dado que, si bien es
cierto el vigente texto constitucional ecuatoriano reconoce la libertad comercial dicha libertad no es
ilimitada, sino que está condicionada a que la misma no sea contraria al ordenamiento jurídico y, por
tanto, no configurativa de faltas o delitos. Así, el artículo 8 del Código de Comercio prevé un listado,
no taxativo, de actos de comercios considerados como tales a los efectos legales.
De tal manera, la licitud de la actividad comercial está referida a la necesaria correspondencia entre la
actividad o labor económica desempeñada con el cumplimiento de la normativa vigente, en ese sentido, la
libertad de actividad económica debe involucrar acciones que no afecten el interés social ni el orden público,
por lo que puede estar restringida por razones de seguridad, protección del medio ambiente, salud,
desarrollo humano, entre otros. A tal efecto, el artículo 277 de la vigente Constitución, expone, entre los
deberes del Estado para la consecución del Buen Vivir: “5. Impulsar el desarrollo de las actividades
económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan
mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley”.
• Responsabilidad social y ambiental, este principio encuentra inserción en el comentado artículo
66, numeral 15, de la Constitución de 2008, puesto que se trata de uno de los factores determinantes
para el desarrollo del derecho a las actividades económicas. Se trata de un principio que abarca dos
tipos de responsabilidades: social y ambiental. A este respecto, el artículo 278 constitucional establece
que entre las acciones que deben seguirse para la consecución del Buen Vivir, a las personas y las
colectividades les corresponde: “2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con
responsabilidad social y ambiental”.
Este principio está relacionado con la denominada responsabilidad social empresarial, que busca un
progreso sostenido en los ámbitos social, económico y ambiental. Se plantea que al asumir la
responsabilidad social empresarial:
…se debe velar por garantizar un equilibrio entre las tres dimensiones antes mencionadas, de manera
que se contribuya a la sustentabilidad no solo organizacional, sino también a nivel de los ecosistemas
con los que se interactúa y de la sociedad en general, superando visiones locales y apostando por
cambios en los países y del mundo (Ormaza, Ochoa, Ramírez, & Quevedo, 2020, p. 180).
En otras palabras, entender el tema de la responsabilidad social empresarial:
…implica comprender el concepto de sostenibilidad, identificado con la capacidad que tiene la
empresa para crear valor económico y al mismo tiempo respetar los derechos de aquellos con los
que se relaciona, es decir, buscar una equidad social y también preservando el medioambiente en el
desarrollo de sus actividades de negocio. Por tanto, una empresa sostenible será aquella que genera
valor para sus accionistas, para la sociedad y el medioambiente (Saltos & Velázquez, 2019, p. 5).
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• Comercio justo, en términos generales este principio alude a la búsqueda de la equidad en los
negocios comerciales y mercantiles, caracterizado por el diálogo, la transparencia y el respeto, y cuyo
fin es contribuir para garantizar los derechos de los actores involucrados y mejores condiciones
comerciales. Así, los objetivos estratégicos del comercio justo son:
1. Contribuir a que productores y trabajadores marginales superen la posición de vulnerabilidad
en la que se encuentran y accedan a la seguridad y la autosuficiencia económica.
2. Otorgar a esos productores y trabajadores una mayor influencia en las decisiones de sus
organizaciones.
3. Desempeñar un papel más activo en el escenario mundial en la búsqueda de mayor equidad en
el comercio mundial (García, 2011, p. 107).
A este respecto, el artículo 335 de la Constitución Ecuatoriana establece que el Estado regulará, controlará
e intervendrá, en cuanto sea necesario, en las transacciones e intercambios comerciales, también podrá
sancionar en casos de explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de
bienes y servicios, así como también toda conducta que implique algún tipo de daño o perjuicio a los
derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. En este mismo orden, “El Estado definirá una
política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción
para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el
mercado…”
En todo caso, le corresponde al Estado impulsar y velar por el comercio justo como medio de acceso a
bienes y servicios de calidad, para minimizar las distorsiones de la intermediación y promover la
sustentabilidad. Para ello, la transparencia y eficiencia de los mercados debe ser asegurado, así como la
competencia en igualdad de condiciones y oportunidades (Asamblea Nacional Constituyente, 2008,
p. artículo 336).
• Respeto a los derechos del consumidor, la figura del consumidor constituye el individuo o entidad
que consume bienes o servicios proporcionados por fabricantes o proveedores dispuestos en el
mercado, por lo que muchas de las normas mercantilistas son aplicadas a esta dinámica. Por ser
destinatarios de bienes y servicios, los consumidores detentan un conjunto de derechos y, por tanto,
según el artículo 52 de la Constitución vigente, las “…personas tienen derecho a disponer de bienes y
servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa
sobre su contenido y características”. En el marco de este respeto a los derechos del consumidor,
también se preceptúa que:
Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de
consumo, serán responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la
calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad
efectuada o con la descripción que incorpore (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, artículo 54).
Para hacer viable este principio, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (Congreso Nacional del
Ecuador, 2000, artículo 4) estipula que los derechos del consumidor, además de los previstos en la
Constitución, tratados internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbres
mercantil, también son titulares de los siguientes: derechos a la protección de la vida, seguridad y salud;
derecho a que los proveedores oferten bienes y servicios óptimos y de calidad; derecho a recibir servicios
básicos de calidad; derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa; derecho a un
trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo; derecho a la protección contra publicidad
engañosa o abusiva; derecho a la educación del consumidor; derecho a la reparación e indemnización por
daños y perjuicios; derecho a recibir auspicios por parte del Estado; derecho a acceder a mecanismos
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efectivos de tutela administrativa y judicial; derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que
correspondan; derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos.
Como se observa, existen una serie de principios rectores del Derecho Mercantil Ecuatoriano, todos
perfilados a garantizar los derechos de las personas participantes en las operaciones mercantiles, y los
actos y contratos de comercio que cumplan con las condiciones previstas en el ordenamiento jurídico.
Conclusiones
Tal como se mencionó, el reconocimiento de principios rectores del Derecho Mercantil en Ecuador permite
la adaptación, progreso y evolución de su normativa a nuevos paradigmas relacionados con el Buen Vivir,
en el entendido que la consecución del mismo implica un conjunto de deberes por parte del Estado, que
van desde la garantía del derecho de las personas, colectividades y naturaleza, la producción de bienes y
prestación de servicios, hasta el impulso de las actividades económicas mediante la estructuración de un
orden e instituciones jurídicas acordes con la Constitución del Ecuador.
Por ello, es necesario el acatamiento de los principios rectores del Derecho Mercantil, dado que los mismos
forman parte de toda esa estructura del orden e instituciones que le dan vida y fortalecimiento a las
actividades económicas lícitas.
Desde el punto de vista de los valores, se ubican a los principios: transparencia, buena fe, equidad de
género, solidaridad, e identidad cultural. La transparencia permite que los comerciantes se sientan
resguardados al interactuar con el resto de los sujetos de la actividad mercantil, con la certeza de que se
cumplirá con las obligaciones asumidas; la buena fe implica el reconocer, aceptar y cumplir con las
consecuencias de dicha actividad; la equidad de género propende a otorgar igualdad de oportunidades en
las negociaciones mercantiles entre los géneros participantes; la solidaridad implica asumir las
consecuencias de los hechos u omisiones generadas en actividades mercantiles, así como el acatamiento
estricto del contenido de las actividades; la identidad cultural exige que en las relaciones mercantiles se
respete y reconozca la singularidad de la cultura ecuatoriana.
Desde el punto de vista de la legalidad, se ubican a los principios: libertad de actividad comercial, licitud
de la actividad comercial, responsabilidad social y ambiental, comercio justo, y respeto a los derechos del
consumidor. La libertad de actividad comercial implica todas las libertades y prerrogativas asociadas a la
producción, distribución y/o consumo de bienes y servicios, de conformidad con el orden jurídico
establecido, en Ecuador se caracteriza por revestir forma de derecho y forma de principio; la licitud de la
actividad comercial, referido a la necesaria estipulación de limitaciones y restricciones al ejercicio de la
actividad comercial, cuyo principal condicionamiento es el cumplimiento del ordenamiento jurídico; la
responsabilidad social y ambiental, constituye una condición para la producción, intercambio y consumo de
bienes y servicios en el marco de la consecución del Buen Vivir, mediante el cual se vela por el equilibrio
entre las actividades económicas, la sociedad y el ambiente; el comercio justo, busca la equidad en los
negocios mercantiles, donde el diálogo, la transparencia y el respeto juegan un papel fundamental; el
respecto a los derechos del consumidor, quienes, por ser los destinatarios de buena parte de las actividades
mercantilistas, requieren protección especial, por lo que se prevén sanciones contra quienes inobserven
dichos derechos.
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