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MULTIVERSO JOURNAL | ISSN: 2792-3681
Volumen 4, Número 6, Edición Enero-junio de 2024
https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2024.6.3
Cómo citar:
López Domínguez, J.M. (2024). Derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva constitucional ecuatoriana. Multiverso
Journal, 4(6), 29-38. https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2024.6.3
Derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva
constitucional ecuatoriana
The right to effective judicial protection from an Ecuadorian constitutional
perspective
José María López Domínguez*
Recibido el 01/10/2023 - Aceptado el 09/01/2024
Resumen
Esta investigación tiene como objetivo estudiar el derecho a la tutela judicial efectiva con una perspectiva
general constitucional en la República del Ecuador. La metodología aplicada se caracteriza por ser de
carácter documental cualitativa, al involucrar el estudio de fuentes de naturaleza bibliográfica como
doctrina, nacional e internacional; normas jurídicas de rango constitucional y legal; así como jurisprudencia
dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, con mención de algunos aportes interesantes emanados
del Tribunal Constitucional Español en torno a la figura de la tutela judicial efectiva y sus elementos o
vertientes distintivos. El método aplicado es el descriptivo analítico, materializado a través del análisis de
contenido como técnica de investigación. Se concluyo que es necesario contar con una administración de
justicia robusta y comprometida con los principios del Estado constitucional de derechos y justicia social y,
además, con jueces suficientemente capacitados en el enfoque de derechos humanos en conocimientos
jurídicos y de argumentación hermenéutica, y regidos por criterios de independencia e imparcialidad, y que
cuenten con las facultades suficiente para cumplir y hacer cumplir las normativas inherentes a los procesos
por ellos conocidos.
Palabras clave: derecho a la tutela judicial efectiva, administración de justicia, República del Ecuador,
Estado constitucional de derechos y justicia social, derecho constitucional.
Abstract
The objective of this research is to study the right to effective judicial protection from a general
constitutional perspective in the Republic of Ecuador. The methodology applied is characterized by being
of a qualitative documentary nature, involving the study of bibliographic sources such as doctrine, national
and international; legal norms of constitutional and legal rank; as well as jurisprudence dictated by the
Constitutional Court of Ecuador, with mention of some interesting contributions emanating from the Spanish
Constitutional Court around the figure of effective judicial protection and its distinctive elements or aspects.
The applied method is the analytical descriptive method, materialized through content analysis as a
* Abogado, Especialista en Derecho Laboral. Docente de la Universidad San Gregorio de Portoviejo Ecuador, Juez del Trabajo de
Primer Nivel. https://orcid.org/0000-0002-9639-4168. Email: lopezdomlaw@hotmail.com
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research technique. It was concluded that it is necessary to have a robust administration of justice
committed to the principles of the constitutional State of rights and social justice and, in addition, with
judges sufficiently trained in the human rights approach in legal knowledge and hermeneutic
argumentation, and governed by criteria of independence and impartiality, and who have sufficient powers
to comply and enforce compliance with the regulations inherent to the processes known to them.
Keywords: right to effective judicial protection, administration of justice, Republic of Ecuador,
constitutional state of rights and social justice, constitutional law.
Introducción
El derecho a la tutela judicial efectiva ha sido incluido como una prerrogativa de naturaleza sustancial pero
con incidencia adjetiva por ser factor clave en el desarrollo de los procesos y en la garantía de los derechos,
por ello, es reconocido, aunque con diferentes denominaciones, en instrumentos internacionales como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales es signatario el Estado Ecuatoriano.
La Constitución de la República del Ecuador de 2008 preceptúa este derecho para orientar la buena marcha
de la administración de justicia el cual, bajo una visión general, arropa la posibilidad que tienen las personas
de poder acudir a las instancias judiciales a demandar la violación de sus derechos, exponer sus
pretensiones y obtener una resolución fundada.
El derecho a la tutela judicial efectiva requiere de una comprensión global dado el carácter complejo que
reviste, en virtud del entramado de elementos que la componen que en conjunto permite, no sola que la
persona pueda acceder a los órganos jurisdiccionales, sino que durante el curso del proceso se garantice
la seguridad jurídica y el debido proceso, y se obtenga una decisión con argumentación y razonamiento
jurídico, con independencia del tipo de pretensión formulada y la naturaleza de la materia debatida.
Sobre la base de estas consideraciones, este artículo persigue estudiar el derecho a la tutela judicial efectiva
con una perspectiva general constitucional en la República del Ecuador, a tal efecto, se expone a la tutela
judicial efectiva como elemento característico del Estado constitucional de derechos y justicia; se conocen
algunas consideraciones del derecho a la tutela judicial efectiva en las normativas procedimentales del
Ecuador; y se describe al derecho a la tutela judicial efectiva bajo el enfoque jurisprudencial de la Corte
Constitucional del Ecuador.
La metodología aplicada se caracteriza por ser de carácter documental cualitativa, al involucrar el estudio
de fuentes de naturaleza bibliográfica como doctrina, nacional e internacional; normas jurídicas de rango
constitucional y legal; así como jurisprudencia dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, con mención
de algunos aportes interesantes emanados del Tribunal Constitucional Español en torno a la figura de la
tutela judicial efectiva y sus elementos o vertientes distintivos. El método aplicado es el descriptivo analítico,
materializado a través del análisis de contenido como técnica de investigación.
La tutela judicial efectiva como elemento característico del Estado constitucional de derechos
y justicia
El derecho a la tutela judicial efectiva implica una de las prerrogativas necesarias para la real garantía del
resto de los derechos constitucionales pues, en palabras simples, hace referencia al derecho que tienen
las personas de acceder a los sistemas de justicia para la consecución de la misma. Como argumento
inicial, la regulación de este derecho se encuentra consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la
República del Ecuador (2008), el cual expone:
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Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita
de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso
quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
Si bien su reconocimiento constitucional representa una forma de progresividad de los derechos, su mera
incorporación en la carta magna no es suficiente, dado que para su efectividad es necesario que el juez
interprete su contenido y patente su aplicación mediante técnicas propias de hermenéutica jurídica del
derecho constitucional, más propiamente, de la jurisdicción constitucional.
El reconocimiento, protección y efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva implica, a su vez, la
vigencia, garantía y materialización de los derechos constitucionalmente reconocidos pues por intermedio
del mismo se viabilizan los reclamos y exigencias en vía jurisdiccional, lo cual consolida al Estado
constitucional de derechos y justicia social, preceptuado en el artículo de la Constitución de la República
del Ecuador (2008).
Quinde (2021) expresa que el derecho a la tutela judicial efectiva puede ser entendido desde dos vertientes
distintas: desde una primera vertiente, concebida como una obligación del Estado y, particularmente, de
la Administración de Justicia; y, desde una segunda vertiente, como derecho subjetivo de las personas,
como prerrogativa para acceder a los órganos de administración de justicia procedente en situaciones de
violación de derechos por parte de órganos públicos o un particular, ante lo cual el Estado está en la
obligación de garantizar el acceso a la justicia en condiciones óptimas.
Por tanto, según el comentado autor, es necesario que exista un equilibrio entre estas dos vertientes, pero
en todo caso a quien le corresponde su garantía es al Estado, por ser el encargado de prever las
condiciones materiales, institucionales y procesales necesarias para la efectividad del derecho, o, en otras
palabras, para el acceso a la justicia en caso de vulneraciones de derecho (Quinde, 2021).
Dada la importancia de este derecho a la tutela, un aspecto que debe resaltarse es el referido a su
substrato, es decir, al contenido del mismo, lo cual involucra el derecho de acceso al sistema de justicia,
debido proceso, posibilidad de recurrir los fallos, ejecución de las decisiones adoptadas, jueces imparciales
y suficientemente preparados, y decisiones justas conforme a Derecho.
Por tanto, la tutela judicial efectiva se logra cuando convergen todos esos elementos que la configuran y,
de forma especial, la emanación de decisiones justas conforme al orden jurídico, lo cual implica una labor
de reflexión e interpretación adecuada por parte del juez, mediante la articulación de las normas que
integran el ordenamiento jurídico respecto de los derechos e intereses que se enfrentan en un determinado
conflicto.
Por otro lado, la tutela judicial efectiva como derecho constitucional exige, en principio, la existencia de un
sistema público de administración de justicia conformado por los operadores jurisdiccionales para
conocer de las resoluciones jurídicas de los conflictos que puedan presentarse en garantía de los derechos
e intereses de las personas. Se menciona que esto es en principio, porque como señalan algunos autores,
entre ellos el español Marín (2014), el derecho a la tutela judicial efectiva se otorgó en forma exclusiva a
la función jurisdiccional, sin embargo a decir de este autor, las circunstancias han cambiado porque en la
actualidad de la cotidianidad de los conflictos, la solución ya no solamente es buscada en sede judicial,
sino que en ocasiones la persona puede exigir el cumplimiento de sus derechos de forma extrajurisdiccional
a través, por ejemplo, de los medios de resolución de conflictos o de autocomposición entre las partes.
Sobre la base de ello, este autor argumenta:
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El derecho a la tutela judicial efectiva, en su concreta vertiente de derecho de acceso a los órganos
jurisdiccionales y con ello de acceso al derecho y a la justicia, se encamina hacia un nuevo rumbo
para transformarse, paralelamente al cambio en el modelo de Justicia, en un derecho de acceso a la
tutela jurídica de derechos e intereses en sentido amplio, sin que ello implique necesariamente que
el ciudadano tenga que acudir exclusivamente para obtener Justicia a los órganos jurisdiccionales.
La tutela judicial efectiva, como derecho fundamental, ha de expandirse hacia las demás variantes
que se van integrando en la Administración de la Justicia, y por lo tanto transformarse en ‘tutela
efectiva de la Justicia’. (Martín , 2014, p. 166).
Desde otra óptica, algunos autores, como Carrasco (2020) expone que existen dos conceptos de tutela
efectiva, que en ocasiones no presentan una relación armoniosa: un concepto relacionado con el Derecho
Procesal, en el cual la tutela se percibe como la actividad de los órganos judiciales para la salvaguarda de
los derechos cuando estos se encuentren en situación de vulneración o conflicto sean en el ámbito social,
interpersonal, o en relaciones administrativas;y un segundo concepto, que alude a la posición planteada
por el Tribunal Constitucional Español, el cual determina que la tutela judicial efectiva se cumple cuando
se verifica una solución razonable a través de los órganos judiciales que abarca: “…acceso a la jurisdicción,
de la tramitación del proceso, de la resolución del caso y de la ejecución de la sentencia firme” (Carrasco,
2020, p. 20), esa solución razonable o razonabilidad incluye la aplicación de las normas y su interpretación
mediante criterios hermenéuticos y lógicos respecto del caso conocido. En opinión de este autor:
…la verdadera tutela judicial es la primera, en cuanto que va dirigida a la garantía y reparación de
los derechos e intereses legítimos de las personas, tanto aquellos de naturaleza constitucional como
cualesquiera otros. Lo que garantiza el Tribunal Constitucional es algo previo a la tutela judicial. Es
una serie de condiciones previas, que cristalizan en varios estándares de razonabilidad, que son
necesarias para que la tutela judicial de los derechos e intereses legítimos pueda ser realidad. Una
decisión razonable puede o no ser acertada, pero es casi imposible que una decisión sea acertada,
si no es razonable (Carrasco, 2020, p. 20).
En todo caso, el concepto del derecho a la tutela judicial efectiva gira en torno a la administración de
justicia como responsabilidad del Estado. En el contexto ecuatoriano, el artículo 168 constitucional estipula
los principios asociados a la administración de justicia, los cuales deben ser observados en el cumplimiento
de los deberes y atribuciones relacionadas con aquella: independencia, autonomía, unidad jurisdiccional,
gratuidad, publicidad de los procesos y decisiones, oralidad, concentración, contradicción y dispositivo.
Por lo tanto, es necesario la articulación del derecho a la tutela judicial efectiva con otros derechos
constitucionales, considerados esenciales y que no pueden perderse de vista en su estudio, uno de ellos
es el derecho al debido proceso, categorizado en un conjunto garantías básica previstas en el artículo 76
de la Constitución de la República del Ecuador (2008), que deben estar presentes en todo proceso que
involucre derechos y obligaciones:
El constitucionalismo contemporáneo no se puede comprender sin garantías de los derechos, de
hecho, los mecanismos normativos, procesales y sociales que aseguran el cumplimiento de ellos, son
el rasgo más distintivo del Estado constitucional e indican el claro avance que ha supuesto este
modelo de Estado respecto del Estado legal con su exacerbada preocupación por la ley incluso por
sobre la justicia, y del Estado social, que a pesar de tener un amplio catálogo de derechos, incluidos
los sociales, carecería de instrumentos que hagan posible su cumplimiento (Zambrano, 2016, p. 76).
La tutela judicial efectiva implica entonces un derecho que se apropia de otros derechos para su eficacia,
pero también se concibe como garantía del sistema dogmático previsto en la Constitución, es decir, para
hacer valer el resto de los derechos mediante el acceso a la justicia de la cual se requiere una respuesta
ajustada al ordenamiento jurídico. Se resalta esto último, el derecho a la tutela judicial efectiva no se agota