MULTIVERSO JOURNAL | ISSN: 2792-3681
Volumen 5, Número 9, Edición Julio-diciembre de 2025
https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.9.4
Cómo citar:
Cañate López, Y. (2025). Guerra civil y justicia de transición en Centroamérica: El caso de el Salvador. Multiverso Journal, 5(9), 46-54. https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.9.4
Civil War and Transitional Justice in Central America: The Case of El Salvador
Yadirys Cañate López
Doctora en Gestión para la creación intelectual. Defensoría del Pueblo, Venezuela. https://orcid.org/0009-0003-0926-8409. Email: yadirys1003@gmail.com
Recibido el 14/05/2025 - Aceptado el 17/07/2025
Resumen
Las consecuencias de la guerra civil en El Salvador fueron devastadoras para la población civil, especialmente para comunidades rurales, mujeres, niños y grupos organizados como sindicalistas, estudiantes y religiosos. A lo largo del conflicto, se documentaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos masivos. Ante esta realidad histórica, mediante una metodología documental, el objetivo de este artículo consiste en analizar el proceso de justicia transicional en El Salvador, evaluando tanto sus logros como sus limitaciones a más de tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz. A modo de conclusión, se debe reconocer que la justicia transicional tiene límites claros. No puede revertir completamente el daño causado ni satisfacer todas las demandas de verdad y justicia de las víctimas. Su éxito depende de condiciones políticas, materiales e ideológicas específicas, y muchas veces se enfrenta a la resistencia de quienes ostentan el poder. Además, siendo realistas, los procesos judiciales suelen ser selectivos y no logran abarcar la totalidad de los crímenes cometidos, lo que genera frustración y desconfianza en la opinión pública.
Palabras clave: El Salvador, justicia de transición, guerra civil, verdad y justicia, memoria histórica.
Abstract
The consequences of the civil war in El Salvador were devastating for the civilian population, especially for rural communities, women, children, and organized groups such as trade unionists, students, and religious groups. Throughout the conflict, serious human rights violations were documented, including massacres, forced disappearances, torture, and mass displacement. Given this historical reality, using a documentary methodology, the objective of this article is to analyze the transitional justice process in El Salvador, evaluating both its achievements and its limitations more than three decades after the signing of the Peace Accords. In conclusion, it must be recognized that transitional justice has clear limits. It cannot completely reverse the damage caused or satisfy all the victims' demands for truth and justice. Its success depends on specific political, material, and ideological conditions, and it often faces resistance from those in power. Furthermore, realistically speaking, judicial processes tend to be selective and fail to cover all the crimes committed, which generates frustration and mistrust among the public.
Keywords: El Salvador, transitional justice, civil war, truth and justice, historical memory.
Introducción
El conflicto armado salvadoreño —que se extendió de 1980 a 1992— hunde sus raíces en algo que, francamente, resulta difícil de comprender desde la comodidad del presente histórico, esto es, precisamente, las profundas desigualdades sociales que marcaron a sangre y fuego la historia de este pequeño país, donde la concentración de la tierra y la riqueza en manos de una élite reducida, junto con la casi total exclusión de los derechos básicos para la mayoría campesina y obrera, creó un caldo de cultivo explosivo. No es sorprendente, entonces, que este panorama desembocara en la organización de movimientos sociales y guerrilleros que buscaban, desesperadamente, una salida a tanta injusticia en el contexto geopolítico de la guerra fría.
Aquí es donde la historia se vuelve particularmente dolorosa. Deaver (2013) lo documenta con una claridad estremecedora: la respuesta del Estado a estas demandas sociales legítimas fue una represión sistemática y brutal. Estamos hablando de persecución, desaparición forzada, torturas, y asesinato de opositores —una espiral de violencia que, lejos de resolver los problemas de fondo, agravó aún más la polarización social y política. Y aquí surge algo que, siendo honestos, cuesta trabajo asimilar, nos referimos a la intervención internacional en el conflicto de las potencias hegemónicas, especialmente de Estados Unidos. Esta participación externa no solo contribuyó a prolongar la guerra civil, sino que intensificó su brutalidad al suministrar recursos militares y apoyo logístico al gobierno salvadoreño. El resultado fue devastador: una guerra que dejó como saldo una sociedad completamente fragmentada, marcada por el miedo y la desconfianza —heridas que, en muchos sentidos, aún están abiertas en pleno siglo XXI.
En palabras de Sánchez (2021), las consecuencias de esa guerra civil fueron catastróficas para la población civil y los grupos más vulnerables de la sociedad, especialmente las comunidades rurales, las mujeres, los niños y los grupos organizados —sindicalistas, estudiantes, religiosos— que se atrevieron a alzar la voz ante el uso del poder arbitrario por parte de la clase dominante. De hecho, a lo largo del conflicto se documentaron violaciones a los derechos humanos que, por su sistematicidad y crueldad, resultan difíciles de procesar: masacres, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos masivos, entre otras prácticas atroces.
Los protagonistas de este drama —que fue sin ninguna duda un drama humano de proporciones épicas— fueron múltiples y complejos. Por un lado, los actores armados: la Fuerza Armada y esos siniestros escuadrones de la muerte (grupos paramilitares); por el otro, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Pero no podemos olvidar a los verdaderos protagonistas: las víctimas, quienes, pese a toda la violencia y el terror, mantuvieron viva la denuncia y la memoria colectiva de lo sucedido. En este escenario, el impacto de la guerra se tradujo en algo que va más allá de las cifras, la destrucción del tejido social. Perdieron generaciones enteras. Se instauró una cultura de impunidad que —y esto es lo más preocupante— aún persiste en la sociedad salvadoreña (Deaver, 2013). Cuando uno reflexiona sobre esto, surge una pregunta inevitable: ¿cómo se reconstruye una sociedad después de tanta devastación y crueldad?
El propósito de este artículo es analizar el proceso de justicia transicional en El Salvador, evaluando tanto sus logros como sus limitaciones. Han pasado más de tres décadas desde la firma de los Acuerdos de Paz, suficiente tiempo para hacer un balance honesto de lo que se ha conseguido y lo que aún falta por hacer.
Nos mueven tres preguntas que, en mi experiencia investigando estos temas, resultan clave para entender una transición en general: ¿En qué medida han contribuido las políticas de justicia transicional a la reparación de las víctimas y la reconstrucción social? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para la verdad, la justicia y la no repetición? Y, quizás la más importante para el futuro de la región: ¿Qué lecciones se pueden extraer del caso salvadoreño para otros contextos de posguerra en Centroamérica y el mundo? Este análisis permitió, muy grosso modo, identificar avances, retrocesos y esos desafíos pendientes que nos mantienen despiertos cuando reflexionamos sobre la consolidación de una paz duradera y de un Estado verdaderamente respetuoso de los derechos humanos.
La investigación sobre justicia transicional y derechos humanos en contextos de posguerra exige algo más que rigor metodológico. Demanda un compromiso ético ineludible con la vida y el bienestar de las personas y comunidades más vulnerables. No es solo una cuestión académica; es profundamente humana. Por lo tanto, reconocer la centralidad de las víctimas implica no solo documentar sus experiencias y demandas, sino también promover su participación en los procesos de verdad, reparación y memoria. Como sostiene acertadamente el Centro Nacional de Memoria Histórica (2020), la ética de la memoria demanda políticas públicas e investigaciones que contribuyan, siempre, a la dignificación de quienes sufrieron la violencia. No podemos permitir ninguna forma de revictimización o silenciamiento.
Por eso, nuestro trabajo académico debe orientarse —en cada momento y en cada decisión metodológica— a fortalecer la agencia de las víctimas y a impulsar esas reformas estructurales que garanticen la no repetición de los crímenes y el respeto efectivo de los derechos humanos. Esto es, si se permite la expresión, una responsabilidad que trasciende el ámbito universitario y tiene que ver con un profundo respeto con la dignidad humana y con la dignidad de la vida en general.
El artículo se estructura en tres partes que, creemos, abordan de manera rigurosa —pero también accesible— nuestro objeto de estudio. En la primera sección, “Materiales y Métodos”, describimos el diseño metodológico y las fuentes utilizadas para el análisis. Le siguen los apartados de resultados y discusión, donde examinamos los hallazgos principales y los contrastamos con la literatura existente. Aquí es donde, comienzan a surgir algunas respuestas a esas preguntas que planteamos anteriormente. Finalmente, el artículo concluye con una síntesis de los aprendizajes obtenidos y, al mismo tiempo, presenta recomendaciones orientadas a fortalecer los procesos de justicia transicional y reparación integral en El Salvador y la región centroamericana. Porque, al final del día, ¿de qué sirve el conocimiento si no contribuye a construir un futuro más justo?
Materiales y métodos
En la investigación optamos por un método documental que resultó ser el complemento lógico del objetivo planteado. En lo concreto, nos basamos en el análisis crítico de las fuentes primarias y secundarias recopiladas sobre el tema (ver las referencias bibliográficas). La selección de materiales no fue, desde luego, aleatoria. Establecimos criterios bastante estrictos: pertinencia, actualidad y rigor académico. No queríamos llevarnos sorpresas desagradables con información poco confiable, así que priorizamos en artículos científicos de alto impacto y documentos oficiales de organismos internacionales. Es decir, fuentes que realmente valieran la pena analizar.
En lo concreto, consultamos bases de datos académicas y repositorios de acceso abierto, siempre con la idea por garantizar la trazabilidad y confiabilidad de cada dato que utilizábamos. Este procedimiento meticuloso permitió una visión realmente amplia y contrastada sobre la justicia transicional en El Salvador. Y es que, al integrar perspectivas variadas sobre el tema, comenzamos a ver patrones que inicialmente se habían escapado. En este proceso de arqueo de fuentes documentales, recurrimos también a informes de la Comisión de la Verdad y archivos de memoria histórica. No podíamos quedarnos únicamente con las fuentes académicas tradicionales; necesitábamos conocer esas voces directas, esos testimonios que complementaran nuestro análisis con la cruda realidad de los hechos.
Entre los trabajos que más nos impactaron está el de Pineda Depaz (2015), uno de los artículos más citados sobre justicia transicional en El Salvador. Y no es casualidad que sea tan referenciado: su examen de los avances y limitaciones del proceso a partir de indicadores concretos —procesos penales, comisiones de la verdad, reparaciones y reformas institucionales— es simplemente riguroso y esclarecedor. Lo que más nos llamó la atención del estudio de Pineda Depaz es una conclusión que, siendo francos, no queríamos escuchar: a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz, persisten retos significativos para la consolidación de la justicia y la reparación a las víctimas a más de tres décadas del conflicto. Situación que nos obligan a repensar muchas de nuestras expectativas iniciales sobre la justicia de transición.
En líneas generales, el trabajo cualitativo con las fuentes mostró algo que, por desgracia, no resulta tan sorprendente cuando uno conoce la realidad centroamericana: hasta el día de hoy, la institucionalidad salvadoreña ha sido insuficiente para garantizar verdad y justicia. Las razones son dolorosamente familiares: falta de voluntad política y la persistencia de la impunidad que parece enquistada en el sistema. Sin embargo —también pudimos reconocer algunos logros que merecen ser destacados—. La visibilización de las demandas de las víctimas y la creación de espacios de memoria son avances que, aunque modestos, representan pasos fundamentales hacia la construcción de una sociedad más justa.
A pesar de las críticas, el acuerdo general entre los expertos de la materia en relación con la aplicación y la especificidad del término es que “se cree que hay cuatro procesos que constituyen el núcleo de la justicia de transición”. En concreto, el derecho a “la verdad, los juicios, la restitución o reparación, y la reforma de las instituciones estatales abusivas” representan la base del concepto, ya que todas estas iniciativas en diversos grados “tienen como objetivo hacer justicia a las víctimas y facilitar la transición inquirida” (Pineda Depaz, 2015, pp. 132-133)
Por otra parte, el trabajo de Alexander Segovia (2009), publicado por el International Center for Transitional Justice, analiza la relación entre los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y las medidas de justicia transicional en El Salvador. Segovia (2009), argumenta que la sincronización de las reformas políticas y los procesos de DDR fue determinante para el avance inicial de la paz, pero advierte que la desconexión posterior entre DDR y justicia transicional debilitó la reparación integral y la consiguiente reconstrucción del tejido social. El artículo subraya la importancia de articular ambos procesos para evitar la reproducción de dinámicas de violencia y exclusión. Asimismo, plantea que la experiencia salvadoreña ofrece lecciones relevantes para otros contextos de posconflicto, especialmente en cuanto a la necesidad de coherencia y secuencialidad en la implementación de políticas públicas de justicia, mucho más cuando:
The transition from war to peace in El Salvador took place within the country’s overall process of democratization, which had been unfolding since the 1980s. The democratization effort sought to solve the problem of access to state power, which was one of the essential causes of the war, by establishing an open and participatory political system in which the various political groupings could compete, and by contributing to the establishment of elections as the sole legitimate means of ascending to state power. (Segovia, 2009, p. 4)
Un aporte reciente y significativo es el análisis del caso de los Jesuitas, que examina los resultados de este emblemático proceso judicial en los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El referido estudio de la autoría de Orduña (2020), concluye que, aunque se han registrado algunos avances en materia de verdad y justicia, los resultados en reparación y garantías de no repetición han sido verdaderamente insatisfactorios.
En lo concreto, Orduña (2020), resalta la persistencia de obstáculos estructurales, como la falta de voluntad estatal y la presión de actores internacionales, que han limitado el alcance de la justicia. Además, enfatiza en la importancia de la jurisdicción universal y la presión internacional en la búsqueda de justicia para las víctimas, lo que evidencia la complejidad de los procesos judiciales en contextos de impunidad. Tal como informa el autor:
El asesinato de los jesuitas fue una de las muy graves violaciones que el gobierno salvadoreño realizó durante el conflicto bélico y se enmarca en concreto en la persecución y agresión sistemática de personas religiosas. Salvador Meléndez señala que esta persecución tuvo como símbolos de inició y de finalización dos magnicidios: el del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1981, y el de los jesuitas, en 1989 (Meléndez 2017). (Orduña, 2020, p. 153)
En una mirada de conjunto o panorámica, los artículos revisados (Deaver, 2013; Orduña, 2020; Sánchez, 2021; Pineda Depaz, 2015; aportan una visión crítica y multidimensional sobre la justicia transicional en El Salvador. Coinciden en señalar que, si bien existen avances en la visibilización de las víctimas y en la generación de espacios de memoria sociohistórica, persisten desafíos estructurales que dificultan la reparación integral y la consolidación de la verdad y la justicia. En su conjunto los autores destacan la necesidad de fortalecer la institucionalidad, articular políticas públicas coherentes y garantizar la participación de las víctimas en los procesos de justicia. Finalmente, subrayan que la experiencia salvadoreña ofrece aprendizajes valiosos para otros países que enfrentan procesos similares, especialmente en lo relativo a la articulación entre justicia transicional y políticas de paz.
Análisis y discusión de resultados
El impacto humanitario de la guerra civil en El Salvador fue devastador y dejó cicatrices profundas en la sociedad. Durante los doce años de conflicto, se estima que unas 75,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, la mayoría civiles, y que decenas de miles más sufrieron torturas, violencia sexual, desplazamiento forzado y pérdida de sus medios de vida (Deaver, 2013). Aquí, la represión estatal, los escuadrones de la muerte y la violencia sistemática contra comunidades rurales y urbanas marcaron una época de terror e impunidad (Center for Justice and Accountability, 2025). En este brutal escenario, las víctimas, lejos de ser sujetos pasivos, se convirtieron en actores de denuncia y memoria, desafiando tanto la represión oficial como la indiferencia social. El sufrimiento colectivo se transformó en una lucha por la verdad y la justicia, aunque la respuesta institucional ha sido insuficiente hasta hoy (Naciones Unidas, 2025).
Al decir de Fonseca Zúñiga (2023), la Universidad de El Salvador y otros espacios de organización social fueron blanco de represión, persecución y ataques directos, lo que evidencia el carácter político y selectivo de la violencia. Instituciones educativas, sindicales y religiosas se vieron afectadas por la persecución sistemática, ya que eran percibidas como amenazas insurgentes por el poder dominante. Por estas razones, la memoria histórica de estos ataques ha sido preservada por las propias comunidades, que han exigido reparación y reconocimiento de los crímenes sufridos en el conflicto. Este proceso de memoria institucional ha sido clave para sustentar demandas de justicia y, simultáneamente, para mantener viva la denuncia contra la impunidad.
Tal como afirma Sánchez (2021), el conflicto también tuvo consecuencias profundas (materiales y simbólicas) en la estructura social y en la vida cotidiana de las comunidades. Toda vez que, el tejido social fue fragmentado por el miedo, la desconfianza y la polarización política, mientras que el desplazamiento forzado y la migración alteraron la composición demográfica y económica del país. Al día de hoy, las secuelas de la guerra se reflejan en la persistencia de la violencia, la desconfianza hacia las instituciones públicas y la dificultad para reconstruir la cohesión social. En consecuencia, el legado de las víctimas y su lucha por la memoria han sido elementos centrales en la búsqueda de una justicia que sigue siendo esquiva para muchos en pleno siglo XXI.
El final de la guerra se produjo bajo condiciones de agotamiento mutuo, presión internacional y la intervención decisiva de las Naciones Unidas. Las negociaciones culminaron en los Acuerdos de Paz de Chapultepec (El Gobierno de El Salvador y Frente Farabundo Martí, 1992), firmados en enero de 1992, que pusieron fin al conflicto armado y establecieron una hoja de ruta clara para la desmovilización, la reforma institucional y el inicio de un proceso de reconciliación nacional. El acuerdo incluyó compromisos para transformar las fuerzas armadas, crear una nueva policía civil, reformar el sistema judicial y promover los derechos humanos, bajo la supervisión de la comunidad internacional. Sin embargo, el proceso de implementación fue complejo y estuvo marcado por tensiones y muchos retrasos.
En el marco de la justicia transicional, se crearon instituciones clave como la Comisión de la Verdad para El Salvador (CVES), cuyo mandato era investigar las violaciones más graves a los derechos humanos ocurridas durante la guerra. La CVES, integrada por expertos designados por Naciones Unidas, documentó miles de casos de asesinatos, desapariciones y torturas, y emitió recomendaciones vinculantes para el Estado salvadoreño (Martínez-Barahona et al., 2018). Igualmente, se establecieron mecanismos para la desmovilización de combatientes, la reintegración social y la reforma de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de garantizar la no repetición de los crímenes.
En líneas generales, el proceso de justicia transicional también contempló la promulgación de leyes de amnistía y reconciliación, que, si bien facilitaron la pacificación y la reintegración política, generaron una fuerte controversia por su impacto en el acceso a la justicia para las víctimas (Center for Justice and Accountability, 2025). La amnistía general aprobada en 1993 protegió a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, tanto del Estado como de la guerrilla, lo que consolidó la impunidad y limitó, de forma sustancial, el alcance de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Solo en años recientes, tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, se han reabierto algunos casos emblemáticos, aunque los avances siguen siendo lentos y parciales (DW, 2024).
Según un informe de las Naciones Unidas (2025), en cuanto a la reparación de las víctimas y la reconstrucción social, las políticas de justicia transicional han tenido un alcance limitado. Si bien se han realizado esfuerzos simbólicos y se han creado algunos programas de reparación, la mayoría de las víctimas no ha recibido una compensación adecuada ni acceso efectivo a la justicia. Por lo tanto, las demandas de verdad, justicia y reparación integral siguen siendo una deuda pendiente del Estado salvadoreño, que no ha logrado garantizar la dignidad ni la participación de las víctimas en los procesos de memoria y reconciliación. La falta de recursos, la fragmentación institucional y la ausencia de voluntad política han obstaculizado la implementación de medidas efectivas.
Sin ninguna duda, los principales obstáculos para la verdad, la justicia y la no repetición han sido la persistencia de la impunidad, la resistencia de sectores de poder, la falta de acceso a archivos militares y la insuficiencia de mecanismos de protección para testigos y víctimas. Igualmente, el espacio cívico se ha visto restringido en los últimos años, afectando la labor de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil (Fonseca Zúñiga, 2023). De este modo, la ausencia de una ley de justicia transicional que cumpla con los estándares internacionales mínimos y la falta de avances en la investigación penal de los crímenes del conflicto siguen siendo retos estructurales.
Desde el punto de vista de quien suscribe esta investigación, el caso salvadoreño ofrece lecciones importantes para otros contextos de posguerra en el mundo de hoy. Destaca la necesidad de articular mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de manera coherente y sostenida. En cualquier escenario, cercano o lejano, la participación de las víctimas y la sociedad civil es la fuerza para legitimar los procesos de paz y evitar que la impunidad se perpetúe. Asimismo, la experiencia salvadoreña muestra que la presión internacional puede ser un factor decisivo para impulsar reformas, aunque la sostenibilidad de los avances depende siempre de la voluntad política interna y de la fortaleza institucional, tal como afirma Pineda Depaz (2015).
Siendo consistente con la información proporcionada por las fuentes, el análisis deja ver que, a más de tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz, el proceso de justicia transicional en El Salvador ha logrado algunos avances en la documentación de la verdad y la reforma institucional, pero sigue enfrentando graves limitaciones en materia de reparación y acceso a la justicia. La persistencia de la impunidad, la falta de recursos y la resistencia política han impedido una reparación integral a las víctimas y la consolidación de una paz duradera. Por estas razones, el legado de la guerra y las demandas de las víctimas siguen siendo desafíos centrales para la sociedad salvadoreña y para la agenda de derechos humanos en la región.
Conclusiones y recomendaciones
El análisis de las fuentes consultadas pone en evidencia que, la justicia transicional en El Salvador, tras la guerra civil, ha mostrado luces y sombras que merecen un análisis crítico. Entre los aspectos positivos, destaca aquí la creación de la Comisión de la Verdad y la apertura de espacios sociales para la memoria histórica, permitiendo que las voces de las víctimas sean escuchadas y reconocidas. Asimismo, la derogación de la ley de amnistía en 2016 abrió la puerta para que algunos crímenes de lesa humanidad comenzaran a investigarse, lo que representa un avance en la lucha contra la impunidad (Pineda Depaz, 2015). Sin embargo, los logros han sido parciales y desiguales, pues la reparación integral y la garantía de no repetición siguen siendo tareas pendientes. Tal como sostiene un informe de Naciones Unidas (2020), el proceso ha permitido cierta visibilización de las víctimas, pero la falta de voluntad política y la debilidad institucional han limitado categóricamente la capacidad de respuesta del Estado salvadoreño.
En el lado negativo, la experiencia salvadoreña evidencia, una vez más, que la justicia transicional ha sido obstaculizada por la persistencia de estructuras de poder que se resisten a la rendición de cuentas y la transparencia de sus actos (Naciones Unidas, 2025). En este contexto, la impunidad continúa siendo un problema estructural, agravada por la insuficiente implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la falta de acceso a los archivos militares. Las reparaciones han sido escasas y, en muchos casos, simbólicas, sin un impacto real en la vida de las víctimas. Además, la fragmentación social y el miedo persisten, lo que dificulta la reconstrucción del tejido comunitario y la reconciliación genuina. Definitivamente, el Estado ha fallado en garantizar justicia efectiva, lo que perpetúa el dolor y la desconfianza en las instituciones, tal como sostiene Orduña (2020).
De cualquier modo, el caso salvadoreño deja varias enseñanzas para otros países que enfrentan procesos similares. Una lección central, desde nuestro punto de vista en el postdoctorado de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia, es la necesidad de que la justicia transicional no se limite a reformas legales o institucionales superficiales, sino que integre mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de manera articulada y sostenida en el tiempo. Por lo tanto, resulta indispensable que las víctimas sean protagonistas y que la sociedad civil tenga un papel activo en la vigilancia y exigencia de cumplimiento de los compromisos asumidos. Al mismo tiempo, la experiencia muestra que sin voluntad política real y sin instituciones sólidas, los procesos de justicia transicional corren el riesgo de quedarse en el papel, sin transformar las condiciones estructurales (socioeconómicas y políticas) que dieron origen al conflicto (Teitel, 2003).
Para avanzar en el ámbito de la justicia transicional en el siglo XXI, se proponen nuevas líneas de investigación que aborden el impacto de la memoria histórica en la reconstrucción de identidades colectivas y en el fortalecimiento de la democracia participativas. De modo que, es necesario explorar la relación entre justicia transicional y desarrollo económico, así como el papel de los actores internacionales en la promoción de la justicia y la reparación. Otra línea relevante es el análisis de los mecanismos de participación ciudadana y el protagonismo de las mujeres y comunidades indígenas en los procesos de verdad y reconciliación. Finalmente, urge investigar, científicamente, cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir a la documentación, difusión y preservación de la memoria histórica.
A los investigadores y hacedores de políticas públicas se les recomienda priorizar, siempre, en la centralidad de las víctimas y garantizar su participación en todas las fases del proceso. Es clave diseñar políticas públicas inclusivas, con recursos suficientes y mecanismos de seguimiento independientes. Al mismo tiempo, se debe fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas, especialmente en contextos donde la impunidad y la corrupción son obstáculos recurrentes. Por lo demás, es fundamental promover la educación en derechos humanos y la cultura de paz desde una perspectiva intergeneracional, para evitar la repetición de los ciclos de violencia.
No obstante, se debe reconocer que la justicia transicional tiene límites claros. No puede revertir completamente el daño causado ni satisfacer todas las demandas, legítimas, de verdad y justicia de las víctimas. Su éxito depende de condiciones políticas, materiales e ideológicas específicas, y muchas veces se enfrenta a la resistencia de quienes ostentan el poder. Además, los procesos judiciales suelen ser selectivos y no logran abarcar la totalidad de los crímenes cometidos, lo que genera frustración y desconfianza en la opinión pública. Por ello, la justicia transicional debe entenderse como un proceso siempre inacabado, siempre parcial, que requiere revisión constante y adaptación a los desafíos de cada sociedad en particular, sin perder de vista que su objetivo último es dignificar a las víctimas y contribuir a la construcción de una paz sostenible en el marco de un nuevo modelo de sociedad.
Referencias bibliográficas
Center for Justice and Accountability. (2025). El Salvador. https://cja.org/where-we-work/el-salvador/
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2020). Los mártires de la guerra. https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/testimonios/
Deaver, W. O. (2013). Un día en la vida: Imágenes y símbolos de la guerra civil en El Salvador. Theory in Action, 6(2), 1-14. https://doi.org/10.3798/tia.1937-0237.13010
DW. (2024). La ONU pide a El Salvador avanzar en justicia transicional. ONG de derechos humanos aseguran que la impunidad, tras más de 30 años, es "una deuda que ningún Gobierno ha atendido". https://www.dw.com/es/la-onu-pide-a-el-salvador-avanzar-en-justicia-transicional/a-68654075
El Gobierno de El Salvador; Frente Farabundo Martí. (1992). Acuerdos de Chapultepec. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1575/23.pdf
Fonseca Zúñiga, E. (2023). Memoria de la represión. Intervención, violencia y guerra civil en la Universidad de El Salvador construida desde la revista La Universidad. Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, 20(1). https://doi.org/10.15517/ca.v20i1.53621
Martínez-Barahona, E., Rubio-Padilla, S., Centeno, H., & Gutiérrez-Salazar, M. (2018). La Comisión de la Verdad para El Salvador. Manteniendo la paz a cambio de justicia. Instituto Chr. Michelsen, Bergen, Noruega. https://acortar.link/OVdPVo
Naciones Unidas. (2025). El Salvador - Expertos llaman a implementar la agenda de justicia transicional relativa al conflicto armado. https://acortar.link/KJ2ewR
Naciones Unidas. (2020). Justicia aplazada, pero no denegada: la justicia de transición en El Salvador. Justicia de transición. https://acortar.link/2vFISY
Orduña, E. L. (2020). El Caso Jesuitas, de El Salvador, en el contexto de la justicia transicional. Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos, (70), 151-175. https://doi.org/https://doi.org/10.22201/cialc.24486914e.2020.70.57165
Pineda Depaz, S. E. (2015). Justicia transicional en El Salvador: un análisis del proceso. Estudios Centroamericanos, 70(740), 131-156. https://doi.org/10.51378/eca.v70i740.3219
Sánchez, J. C. (2021). El legado de las víctimas del conflicto armado salvadoreño. Fundación para el debido proceso: https://dplf.org/el-legado-de-las-victimas-del-conflicto-armado-salvadoreno/
Segovia, A. (2009). Transitional Justice and DDR: The Case of El Salvador. International Center for Transitional Justice. https://acortar.link/0meZqC
Teitel, R. G. (2003). Transitional Justice Genealogy. Harvard Human Rights Journal, 16, 69-94. https://acortar.link/0ANF6R
Este artículo se desarrolló en el marco de la “III Cohorte Internacional del Postdoctorado en Derechos Humanos” de la Universidad del Zulia, en el periodo abril de 2024, a julio de 2025.
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